Tegucigalpa, Honduras.
Con el objetivo de combatir el hacinamiento y la desocupación en los 24 centros penales y penitenciarías del país, el Congreso Nacional aprobó ayer parcialmente la Ley del Régimen Especial de Rehabilitación Laboral para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Privados de Libertad de Alta Peligrosidad y Agresividad, más conocida como “ley picapiedra”.
El trabajo obligatorio para más de 14,000 privados de libertad es realidad, aunque cabe señalar que varios reclusos de ambos sexos trabajan desde hace años en los talleres disponibles en cada centro sin necesidad de la reforma.
El diputado presidente de la comisión de seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la finalidad es regular el trabajo remunerado que ya contempla el Sistema Penitenciario Nacional e implementar nuevas medidas de seguridad para los privados de libertad de alta peligrosidad.
“ Cada recluso debe cooperar en sus gastos de manutención. Por los más de 14 mil reos que hay, el Estado gasta al año 162 millones de lempiras. Ahora, con la reforma van a cooperar”, expresó Zambrano.
Para el coordinador de proyectos del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), José Acevedo, la ley de trabajo forzoso o “picapiedra” necesita incentivos más que una obligación.
“Los privados de libertad necesitan incentivos para desarrollar mejor sus labores; puede ser una reducción de pena, por ejemplo. Definitivamente, el trabajo debe ser remunerado conforme al salario mínimo. Nos parece que más allá de las horas de trabajo que deberán cumplir están las prohibiciones que vienen en este proyecto”, dijo el experto en derechos humanos.
Prohibiciones
La reforma contempla prohibiciones a los privados de libertad considerados peligrosos y agresivos, como circular dentro del centro penal, poseer computadoras, televisión, equipo audiovisual y dispositivos electrónicos.
Además podrán leer solo lo que las autoridades les permitan, no podrán manejar dinero en efectivo, no recibirán visita conyugal, tampoco harán ejercicio y solo llamadas telefónicas supervisadas.
Tal es el caso de los privados de libertad recluidos en los pabellones de máxima seguridad en la Penitenciaría Nacional en Támara, Distrito Central.
En este sitio están confinados los reos peligrosos y agresivos, a quienes se les puede ver en jaulas de metal al aire libre tomando el sol por tiempo indeterminado. Con la reforma, estos privados solo podrán tomar el sol una hora y hacer solo ejercicio físico autorizado.
“Hay derechos que no se pueden limitar. Este tipo de cambios tienen el objetivo de generar una imagen de mano dura. Esa imagen de dar castigos fuertes al supuesto delincuente.
Hay varias cosas en este proyecto que van más allá del trabajo forzoso. El trabajo ya está contemplado en la Ley Penitenciaria y por eso me atrevo a decir que, al aprobarse esta ley, los recursos de inconstitucionalidad no faltarán en la Corte Suprema porque hay convenios de la Organización Mundial del Trabajo que prohíben el trabajo forzoso”, explicó Acevedo.
Con el objetivo de combatir el hacinamiento y la desocupación en los 24 centros penales y penitenciarías del país, el Congreso Nacional aprobó ayer parcialmente la Ley del Régimen Especial de Rehabilitación Laboral para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Privados de Libertad de Alta Peligrosidad y Agresividad, más conocida como “ley picapiedra”.
El trabajo obligatorio para más de 14,000 privados de libertad es realidad, aunque cabe señalar que varios reclusos de ambos sexos trabajan desde hace años en los talleres disponibles en cada centro sin necesidad de la reforma.
El diputado presidente de la comisión de seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la finalidad es regular el trabajo remunerado que ya contempla el Sistema Penitenciario Nacional e implementar nuevas medidas de seguridad para los privados de libertad de alta peligrosidad.
“ Cada recluso debe cooperar en sus gastos de manutención. Por los más de 14 mil reos que hay, el Estado gasta al año 162 millones de lempiras. Ahora, con la reforma van a cooperar”, expresó Zambrano.
Para el coordinador de proyectos del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), José Acevedo, la ley de trabajo forzoso o “picapiedra” necesita incentivos más que una obligación.
“Los privados de libertad necesitan incentivos para desarrollar mejor sus labores; puede ser una reducción de pena, por ejemplo. Definitivamente, el trabajo debe ser remunerado conforme al salario mínimo. Nos parece que más allá de las horas de trabajo que deberán cumplir están las prohibiciones que vienen en este proyecto”, dijo el experto en derechos humanos.
 Reclusos de los centros penales de Comayagua y San Pedro Sula trabajan para ganarse el pan de cada día elaborando atarrayas, hamacas, muebles y lápices; hasta les hacen cortes de cabello a sus compañeros.
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La reforma contempla prohibiciones a los privados de libertad considerados peligrosos y agresivos, como circular dentro del centro penal, poseer computadoras, televisión, equipo audiovisual y dispositivos electrónicos.
Además podrán leer solo lo que las autoridades les permitan, no podrán manejar dinero en efectivo, no recibirán visita conyugal, tampoco harán ejercicio y solo llamadas telefónicas supervisadas.
Tal es el caso de los privados de libertad recluidos en los pabellones de máxima seguridad en la Penitenciaría Nacional en Támara, Distrito Central.
En este sitio están confinados los reos peligrosos y agresivos, a quienes se les puede ver en jaulas de metal al aire libre tomando el sol por tiempo indeterminado. Con la reforma, estos privados solo podrán tomar el sol una hora y hacer solo ejercicio físico autorizado.
“Hay derechos que no se pueden limitar. Este tipo de cambios tienen el objetivo de generar una imagen de mano dura. Esa imagen de dar castigos fuertes al supuesto delincuente.
Hay varias cosas en este proyecto que van más allá del trabajo forzoso. El trabajo ya está contemplado en la Ley Penitenciaria y por eso me atrevo a decir que, al aprobarse esta ley, los recursos de inconstitucionalidad no faltarán en la Corte Suprema porque hay convenios de la Organización Mundial del Trabajo que prohíben el trabajo forzoso”, explicó Acevedo.
Rehabilitación
“Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo”, dice el artículo 87 de la Constitución de Honduras, pero en la realidad pocos centros penales en el país cumplen esta función.
Sin necesidad de la aprobación de la ley de trabajo forzoso, hay programas de rehabilitación mediante el trabajo que han estado funcionando desde hace varios años.
Según información del Instituto Nacional Penitenciario (INP) brindada a LA PRENSA, ya hay proyectos de rehabilitación en varias de las 24 cárceles del país.
Los programas son implementados en las presidios de Danlí, Santa Rosa de Copán, Comayagua, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto en Támara, Tegucigalpa.
En los proyectos de rehabilitación, los privados de libertad realizan tareas de agricultura, avícolas y porcinas; además elaboran productos.
Según dio a conocer el INP, en los 24 centros penitenciarios ya existen proyectos de educación, aunque solo son de educación básica, con excepción del PNFAS, adonde las privadas de libertad ya pueden estudiar bachillerato y próximamente carreras universitarias, según los proyectos de la dirección.
También en la Penitenciaría Nacional hay oportunidad de estudiar bachillerato y en los próximos años este nivel académico se pretende ampliar a otras cárceles del país.
Trabajo
“La finalidad constitucional de las cárceles es la rehabilitación; las autoridades deben generar condiciones para que esto ocurra porque actualmente no se hace”, manifestó Fernando Morazán, comisionado de Conaprev.
Morazán indicó que la semana pasada visitó el Centro Penal de San Pedro Sula y pudieron comprobar que también se están dando talleres a los reclusos, implementados por la pastoral.
Señaló que hay otros proyectos en la prisión de El Porvenir, La Ceiba.
Afirmó que varias de las iniciativas de rehabilitación son implementadas por organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones o Iglesias.
“Hay que evitar que los privados de libertad salgan peores de lo que entraron”, dijo Morazán.
El funcionario declaró que la nueva ley debe contribuir a crear y habilitar espacios que realmente permitan la rehabilitación de los privados de libertad y su educación. “Los programas educativos por ahora son voluntarios para los reclusos y deben ser obligatorios”, dijo el comisionado.
El subdirector de la Granja Penal de Comayagua, Jesús Edilberto García, explicó las actividades de los privados de libertad en esa cárcel, antes conocida como centro modelo nacional por sus programas de rehabilitación mediante el trabajo.
“Los privados de libertad pasan ocupados. Hacen trabajo en el área avícola y porcina, también en agricultura. Además, algunos hacen redes, hamacas, canastas y plumas; incluso hay barbería. Se encargan de asear los baños y módulos, pintan y chapean la maleza en los terrenos que rodean el centro penal para evitar que proliferen zancudos”, dijo el subdirector. García explicó que hay espacio para que se diviertan jugando fútbol o billar. “Tratamos de que los privados de libertad usen su tiempo en cosas útiles y positivas”.
La nueva ley fue aprobada parcialmente en el Congreso Nacional. La visita conyugal y las prohibiciones que de ahora en adelante tendrán los reos de alta peligrosidad mantuvieron a los legisladores en una profunda discusión.
El presidente de la comisión de defensa, David Chávez, explicó que estudiaron varios reglamentos penitenciarios latinoamericanos para que en Honduras se esté en concordancia.
La diputada del Partido de Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, pidió que se haga la corrección de implementar el término “privadas de libertad”, ya que en el dictamen solo se menciona a los de género masculino.
El trabajo obligatorio y remunerado para privados de libertad de ambos sexos que no sean peligrosos y agresivos quedó parcialmente aprobado ayer.
