La revisión del salario mínimo vuelve a la mesa a partir de este 19 de febrero, la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS) inició la instalación de una comisión tripartita integrada por representantes del Gobierno, la empresa privada y el sector obrero, con el objetivo de negociar un nuevo ajuste salarial para 2026.
El proceso abarcará 11 sectores de actividad económica, mientras que el sector maquilador quedará fuera de esta discusión por mantener un acuerdo plurianual vigente. Según las autoridades, ese rubro retomará negociaciones hasta noviembre.
La primera fase consistirá en la instalación de la mesa de trabajo, según lo explicó el ministro de Trabajo, Fernando Puerto; además, la presentación de un panorama económico a cargo de la Dirección General de Salarios.
Posteriormente, tanto empresarios como representantes de los trabajadores expondrán sus propuestas.
Entre los factores que incidirán en la negociación destaca el comportamiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que en 2025 registró una variación interanual de 4.98%. Este indicador es considerado clave para calcular el poder adquisitivo y la evolución del costo de vida.
Puerto señaló que, además de la inflación y la canasta básica, se tomarán en cuenta otras variables como la generación de empleo, especialmente en el segmento juvenil, y las condiciones de inserción en el mercado laboral formal.
En 2025, el salario mínimo promedio se situó en 13,985.16 lempiras mensuales. De aplicarse un ajuste equivalente al 4.98%, el incremento rondaría los 696 lempiras adicionales al mes para 2026.
No obstante, las centrales obreras anticipan que propondrán aumentos superiores, que podrían oscilar entre el 5% y el 7.5%, dependiendo del tamaño de las empresas, el número de empleados y los niveles de productividad de cada sector.
El Gobierno ha reiterado que su papel será facilitar el diálogo y acompañar el proceso técnico, pero que el resultado final dependerá del consenso entre trabajadores y empresarios, quienes deberán alcanzar un acuerdo que equilibre la sostenibilidad empresarial con la protección del poder adquisitivo de los empleados.
