El Gobierno del presidente Nasry Asfura firmó un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que contempla una cooperación técnica no reembolsable por hasta dos millones de dólares para 2026.
Los fondos serán destinados a la compra de materiales escolares y a proyectos de infraestructura, incluida la recuperación del Centro Histórico de Tegucigalpa.
El convenio se formalizó tras la ratificación de la adhesión de Honduras a la CAF por parte del Congreso Nacional el 19 de marzo, lo que consolida el marco legal para agilizar la ejecución de iniciativas estratégicas en el país.
La firma estuvo a cargo del ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, en representación del Gobierno, y del presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, con el mandatario Asfura como testigo de honor, quien destacó la relevancia de la alianza para impulsar proyectos prioritarios.
El acuerdo incluye la elaboración de un plan de financiamiento para el período 2026-2030, alineado con las prioridades del presidente Asfura, enfocado en desarrollo sostenible, fortalecimiento de las finanzas públicas, generación de empleo y aumento de la productividad.
Entre los pilares del convenio se destacan la educación, el acceso a agua potable y el desarrollo urbano, con énfasis en garantizar materiales escolares para todos los estudiantes, ampliar la cobertura de servicios básicos en zonas rurales y recuperar espacios públicos que fortalezcan la cohesión social.
Asfura resaltó que la cooperación con la CAF permitirá avanzar en proyectos relacionados con educación, salud, agricultura, infraestructura, vivienda, agua potable y saneamiento, áreas esenciales para mejorar la calidad de vida de los hondureños.
Por su parte, Díaz-Granados aseguró que el organismo multilateral continuará brindando asistencia técnica y financiera, con condiciones favorables, para impulsar la productividad, la generación de empleo y el fortalecimiento de la infraestructura nacional.
El convenio se articula en torno a cuatro ejes estratégicos: transformación productiva y competitividad, desarrollo social e inclusión territorial, acción climática y gestión de riesgos, y fortalecimiento institucional y sostenibilidad fiscal.