San Pedro Sula, Honduras.
El gerente general del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), William Castro, citado en calidad de investigado para las nueve de la mañana, acudió ayer al Ministerio Público a las 3:00 pm, por lo que los fiscales no pudieron tomar su declaración.
Castro iba a ser interrogado por las denuncias de cobros irregulares presentadas por los derechohabientes.
La cita de la Unidad de Apoyo Fiscal (Unaf) era para las 9:00 am, pero según fuentes de la Fiscalía, el funcionario llegó a las 3:00 pm, cuando los fiscales ya tenían otras asignaciones y no se encontraban en el edificio del barrio Lempira. Junto con Castro fueron citados Paola Palou, jefa de compras, y el doctor Carlos Umaña, estos dos en calidad de testigos. Los anteriores se suman a la lista de 15 empleados a los que les han tomado declaraciones, pues la Unaf abrió una investigación luego que LA PRENSA publicara las denuncias de derechohabientes.
Entre las quejas de las personas que asisten a diario en busca de atención médica está la falta de medicamentos y materiales que son utilizados en las operaciones y que los mismos pacientes tienen que comprar en farmacias y otros centros.
A raíz de las denuncias publicadas, los fiscales con elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) intervinieron varias salas de la regional del IHSS en busca de documentación y de testimonios de los pacientes. En las salas de Labor y Parto, los fiscales corroboraron las carencias que hay para practicar las cesáreas. Las mujeres tienen que comprar materiales que cuestan entre 1,000 y 1,500 lempiras.
Lo mismo ocurre con las áreas de ortopedia, que deben comprar casi todo lo que necesitan.
El gerente general del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), William Castro, citado en calidad de investigado para las nueve de la mañana, acudió ayer al Ministerio Público a las 3:00 pm, por lo que los fiscales no pudieron tomar su declaración.
Castro iba a ser interrogado por las denuncias de cobros irregulares presentadas por los derechohabientes.
La cita de la Unidad de Apoyo Fiscal (Unaf) era para las 9:00 am, pero según fuentes de la Fiscalía, el funcionario llegó a las 3:00 pm, cuando los fiscales ya tenían otras asignaciones y no se encontraban en el edificio del barrio Lempira. Junto con Castro fueron citados Paola Palou, jefa de compras, y el doctor Carlos Umaña, estos dos en calidad de testigos. Los anteriores se suman a la lista de 15 empleados a los que les han tomado declaraciones, pues la Unaf abrió una investigación luego que LA PRENSA publicara las denuncias de derechohabientes.
Entre las quejas de las personas que asisten a diario en busca de atención médica está la falta de medicamentos y materiales que son utilizados en las operaciones y que los mismos pacientes tienen que comprar en farmacias y otros centros.
A raíz de las denuncias publicadas, los fiscales con elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) intervinieron varias salas de la regional del IHSS en busca de documentación y de testimonios de los pacientes. En las salas de Labor y Parto, los fiscales corroboraron las carencias que hay para practicar las cesáreas. Las mujeres tienen que comprar materiales que cuestan entre 1,000 y 1,500 lempiras.
Lo mismo ocurre con las áreas de ortopedia, que deben comprar casi todo lo que necesitan.
