Una campaña de intimidación contra periodistas y medios de comunicación ha iniciado el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández.
Su último movimiento ha sido amenazar con demandar a 12 medios del país por publicar investigaciones e información sobre la institución y su liderazgo.
Este ataque a la libertad de expresión y de prensa busca socavar uno de los principios más sagrados del periodismo: no revelar las fuentes de información y no traicionar la confianza depositada en los periodistas.
En un acto jamás visto, el jerarca militar quiere que los medios de comunicación le revelen -abusando de su poder- las fuentes de donde proviene la información, atropellando convenios internacionales de los que Honduras es signatario, la propia Constitución de la República y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento.
La intimidación y amenaza del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas va dirigida contra los principales medios de comunicación del país: LA PRENSA, EL HERALDO, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q’Hubo TV, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.
Estos medios de comunicación y otros han divulgado informes periodísticos de hechos y conductas de la cúpula militar, especialmente del jefe del Estado Mayor, general Roosevelt Hernández, quien ha sido cuestionado por polémicas declaraciones que él mismo ha hecho y ha sido objeto de escrutinio no solo de los medios sino que de la sociedad civil y la oposición política.
El malestar del general
En noviembre de 2024, un grupo de militares, encabezado por el coronel Max Alonso Hernández Marcía, auditor jurídico militar de las Fuerzas Armadas, se presentó al Ministerio Público a solicitar una investigación con miras de entablar una querella contra los 12 medios por el presunto delito de injuria con publicidad.
Recientemente, la petición de las Fuerzas Armadas fue entregada a un agente de la Fiscalía de Delitos Comunes, la más grande del Ministerio Público, quien procedió a notificar a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para hacer las indagaciones correspondientes.
Fue a finales de la semana pasada que los agentes de la Unidad contra Delitos Informáticos OCN-Interpol, Fredy Javier Contreras Oliva y Carlos Omar Reyes Medina, que comenzaron a desfilar por los 12 medios de prensa para perseguirlos, hostigarlos y presionarlos para entregar el nombre de las fuentes de información.
En el caso de El Heraldo, Contreras y Reyes entregaron el oficio DPI-UICDI-(OCN-Interpol) No. 022-2025, cuyo contenido conlleva una serie de errores de ortografía e incongruencias legales, para que “de manera urgente y de no haber inconveniente ordene a quien corresponda brinde la información siguiente: se verifique en sus registros información general sobre la fuente que difundió la noticia emitida el 30 de octubre de 2024 a las 17:02 horas por sus medios de defunsión (sic) (difusión) de información página de Facebook y sitio web”.
En el documento se anexan fotocopias de dos publicaciones que hizo El Heraldo el año pasado relacionadas con la conducta del jefe castrense, en una reunión que tuvo con auxiliares de la institución castrense.
La petición -según los agentes Contreras y Reyes- la realizan “en cumplimiento a las investigaciones que se están realizando en torno a la denuncia Querella-MP por el delito de imjuria (injuria) con publicidad”.
El Heraldo ha tenido conocimiento que este mismo documento ha llegado a algunos medios de comunicación, en particular el caso de Hondudiario, donde llegaron a amenazar a su director, el periodista Arístides Aceituno.
Aceituno fue requerido por la DPI a raíz de la publicación en la cual se narra que militares no están de acuerdo con el actuar de Roosevelt Hernández.
El militar quiere que los medios de comunicación revelen sus fuentes de información y por eso presenta recortes de periódicos, grabaciones de radio y televisión, y fotocopias de publicaciones, con la intención de recabar las fuentes en los medios de comunicación.
Es tal el malestar del jefe castrense que incluso busca formular la querella por editoriales que algunos medios han formulado, algo que demuestra el abuso y la intolerancia.
Sorpresa en el MP
La solicitud de las Fuerzas Armadas tomó por sorpresa a las autoridades del Ministerio Púbico, quienes reaccionaron conmocionados al enterarse de la solicitud.
“Es algo jamás antes visto en la historia del Ministerio Público, es algo sacado de los cabellos”, dijo una fuente del MP.
Desde el Ministerio Público se informó que el artículo 279 del Código Procesal Penal indica que una víctima puede solicitar a ese ente contralor que efectúe investigaciones en el ámbito privado que servirán de base para la formulación de la querella.
El militar demuestra su incomodidad con los medios de comunicación cada vez que se divulga información relacionada con su gestión como jefe del Estado Mayor Conjunto y las declaraciones de la oposición política del país en la que solicitaban una interpelación ante el Congreso Nacional.
En los últimos días, las presiones de las Fuerzas Armadas a la jefa de la Fiscalía de Delitos Comunes, Dilenia Yamileth López Zepeda, han crecido al grado que el coronel Max Alonso Hernández Marcía llega casi todos los días para conocer el avance del proceso investigativo en contra de los medios de comunicación.
No obstante, será hasta que la DPI-Interpol recabe todas las pesquisas que la Fiscalía emitirá un dictamen en el que decidirá si existen fundamentos o no para entablar la querella contra los 12 medios de comunicación.
Ni en la Guerra Fría
La conducta del general Roosevelt llama la atención porque su proceder ni siquiera se compara con momentos aciagos y críticos que vivió el país en la década de los ochenta, en plena Guerra Fría, cuando las Fuerzas Armadas de Honduras jugaron un rol preponderante en temas de violaciones a los derechos humanos y la lucha contra la izquierda en la región.
En esos momentos, los medios de comunicación jugaron un rol histórico y denunciaron el involucramiento de la institución castrense en hechos que han quedado registrados en documentos como los informes que preparó el Comisionado de Derechos Humanos, en cortes internacionales y, por supuesto, en los medios de comunicación.
Las polémicas conductas del general
1. Solicitó aprobar la Ley de Justicia Tributaria: En un discurso oficial pidió a los políticos aprobar la polémica Ley de Justicia Tributaria, algo que fue considerado un mensaje político y contrario al mandato que la Constitución asigna a los militares de ser “apolítica y no deliberante”.
2. Se reunió con el ministro de Defensa de Venezuela: Acompañó al entonces ministro de Defensa, José Zelaya Rosales, a una cita con el actual ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, quien es considerado por Estados Unidos como uno de los jefes de los carteles de la droga.
3. Repartió comida en un evento de Libre: El jefe del Estado Mayor Conjunto anduvo repartiendo comida a nombre de las FF AA en un evento convocado para activistas y miembros del partido Libre que salieron a manifestarse en apoyo al gobierno.
4. Apuntó a la Constitución con un arma: En una reunión con personal auxiliar de las FF AA donde fue objeto de reclamos por este personal, se jactó de ser un hombre de leyes y respetuoso de la Constitución, porque si no lo fuera le dispararía a la carta magna, haciendo el gesto de disparar con su arma.
