No se ha culminado una investigación por la erogación de 2.8 millones de lempiras y una vez más el Ministerio Público interviene la Empresa Nacional Portuaria, ENP.
La Fiscalía Contra la Corrupción inició una nueva investigación en la empresa estatal sobre 170 órdenes de compra y de servicio que fueron ejecutadas aparentemente de forma irregular en los últimos seis meses de administración, las cuales ya están en manos de auditores del ente contralor.
“Son 170 órdenes de compra y de servicio que en los últimos seis meses fueron pagadas; sin embargo, no tienen sustento, no se presentó ni el servicio ni se ejecutaron las obras. Estamos en proceso de investigación, ayer -martes- decomisamos la documentación de esas órdenes de compra y mañana -hoy- nos vamos a reunir con las nuevas autoridades de la empresa para que ellos nos entreguen otra documentación relacionada con estos casos”, informó el coordinador de la Fiscalía contra la Corrupción, Walter Ramírez.
El gerente Maynor Pinto informó que facilitó la información solicitada de las áreas de compras y servicios generales tras serle solicitadas mediante oficio. En los últimos siete meses la ENP tuvo como gerentes a Roberto Javier Chacón y a Iván Matute. Ambos han declarado que actuaron correctamente.
“Todo lo que se hizo durante mi gestión fue con sustento legal. Se siguió el procedimiento adecuado para las compras, según la petición que hicieron los distintos departamentos. Debo decir que antes de salirme yo rechacé unas compras de casi cinco millones de lempiras porque las consideré innecesarias. No sé si después de mi gestión fueron compradas”, expresó Chacón, quien fungió en ese puesto del 8 de julio al 8 de diciembre.
Según lo que trascendió hay órdenes de compra para instalar unas lámparas cuyo monto aproximado es de 150 mil lempiras, así como la pintura de una inmueble por 200 mil lempiras, el monto total de las órdenes aún se desconoce pero podría sumar una hasta 50 millones de lempiras.
La Fiscalía también tiene abierta una investigación debido a que el 23 y el 24 de junio de 2009, bajo el mando de Roberto Babún, la estatal erogó 2.8 millones de lempiras por concepto de ayudas a varios municipios, pero que al parecer fueron desviados para financiar el proyecto de la cuarta urna que promovía el ex presidente Manuel Zelaya.
