La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, rechazó la persecución política iniciada contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras.
El Ministerio Público interpuso ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, un requerimiento fiscal en contra de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas por expatriar al ex presidente Manuel Zelaya el pasado 28 de junio”.
A continuación presentamos textual, la nota publicada por UnoAmérica en su página electrónica.
“La expatriación de Zelaya era indispensable y obligatoria para evitar un baño de sangre y proteger a Honduras de los planes de invasión de Chávez.
Dado que Chávez era el autor intelectual de la ‘cuarta urna’, él conocía las implicaciones de esa iniciativa abiertamente ilegal e inconstitucional. Todas las instituciones nacionales habían rechazado públicamente la legalidad de la ‘cuarta urna’.
Era evidente que Zelaya podía terminar en la cárcel; en cuyo caso, Chávez tenía preparada una invasión con grupos paramilitares armados, a fin de ‘rescatar’ a Zelaya y reponerlo en el poder, para lo cual se necesitaba la presencia del ex mandatario en territorio hondureño. La sorpresiva captura y expatriación inmediata de Zelaya malogró los planes intervencionistas de Chávez.
Ese 28 junio, molesto y desconcertado por lo ocurrido con Zelaya, Chávez hizo lo posible por reformular su plan violento; y así lo confesó abiertamente al amenazar públicamente a Honduras con enviar tropas para derrocar al gobierno de Roberto Micheletti.
El 5 de julio de 2009, Chávez envió a Zelaya al aeropuerto de Toncontín en un avión venezolano pilotado por militares venezolanos.
Ese día, Chávez estuvo en contacto permanente con los manifestantes cercanos al aeropuerto. De haberse materializado el aterrizaje, se habría desatado la violencia. Afortunadamente, el profesionalismo y la prudencia de las Fuerzas Armadas impidieron una masacre.
A finales de julio de 2009, Chávez quiso organizar una invasión paramilitar a través de la frontera nicaragüense con el apoyo de Daniel Ortega.
La invasión estaría encabezada por Zelaya, acompañado por el canciller venezolano Nicolás Maduro.
En esa oportunidad, mercenarios armados provenientes de Colombia y de otros países viajaron a los campamentos fronterizos para reforzar la invasión. Chávez quiso integrar a militares venezolanos en la iniciativa guerrerista, pero se negaron a viajar a Nicaragua, lo cual ocasionó varias detenciones por insubordinación. Una vez más, las Fuerzas Armadas de Honduras desactivaron el plan violento de Chávez.
El 1 de septiembre de 2009, UnoAmérica acusó a Chávez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, por ‘hacer apología al delito de rebelión y promover la guerra en Honduras’.
El 21 de septiembre, siempre con el apoyo de Chávez, Zelaya regresó subrepticiamente a Honduras y trató de instigar de nuevo a la violencia, esta vez desde la embajada del Brasil, pero los militares hondureños habían tenido suficiente tiempo -tres meses- para desmantelar el proyecto intervencionista de Chávez.
A partir de ese momento, la presencia de Zelaya en el país ya no constituía un peligro.
No se puede acusar a los militares hondureños sin tomar en cuenta estos importantísimos asuntos de seguridad de Estado.
Para tomar en cuenta
UnoAmérica considera que, lejos de acusar a los militares, las instituciones deberían estar discutiendo cómo premiarlos por haber defendido la democracia y las libertades.
El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, es el encargado de ventilar la causa contra los militares. Romeo Vásquez, jefe de las FF AA, dice que están tranquilos, pues son inocentes.
