Tegucigalpa, Honduras.
Mientras las negociaciones en el Congreso Nacional se encuentran empantanadas, los exintegrantes de la Junta Nominadora abogaron ayer por un acuerdo entre las fuerzas políticas en el Legislativo para completar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y rechazaron cualquier pretensión de prolongar el período de los actuales magistrados por inconstitucional.
Aunque los diputados están convocados hoy para continuar con la sesión legislativa, la votación es incierta en vista que no se contempla este tema como punto de agenda, según miembros de la junta directiva.
Jorge Herrera, exnominador por el Claustro de Profesores, deploró que los diputados se hayan empantanado en escoger los magistrados de una nómina de 15, cuando hay otros 30 candidatos que cuentan con iguales o mejores méritos que los que están en esa lista.
“La diferencia entre unos y otros es que algunos abogados tienen mayor ejercicio profesional y obviamente tienen carrera judicial y ejercicio profesional independiente, lo mismo que docencia y posgrados”, señaló.
Consideró que cualquier intención de prolongar el período de los actuales magistrados sería ilegal, insano e inconveniente para el país e ilustró que la prolongación del período de los actuales magistrados vía decreto requeriría una reforma constitucional.
Por otro lado, explicó que en la medida que se tarde la elección de la Corte más se acorta su período, es decir, que los nuevos magistrados no terminarían sus siete años completos.
“El Congreso no tiene facultades para prorrogar el período de los actuales magistrados en vista que constitucionalmente ya dice que vencen el 25 de enero”, apuntó.
Por su lado, Linda Lizzie Rivera, exnominadora, dijo que el proceso de elección ha estado apegado a la ley; pero objetó todas las interioridades que han rodeado la selección de los magistrados.
Lamentó que la falta de acuerdos políticos haya retrasado la escogencia de los nuevos funcionarios del Supremo y abogó por un pronto acuerdo.
Rivera agregó que los más conveniente para el Estado de derecho es que se cumpla con la Constitución y eso pasa por una nueva Corte, “eso es lo correcto”.
Por su lado, el expresidente de la Junta Nominadora, Ricardo Rodríguez, lamentó que los intereses partidarios estén retardando la elección, porque todos los nominados son idóneos para integrar el alto tribunal. “Como ciudadano espero que lo más pronto posible tengamos una Corte para que se cumpla la alternabilidad que dicta la Constitución”, dijo.
Roberto Herrera Cáceres, titular de Derechos Humanos, pidió a los diputados dejar a un lado los intereses partidarios y elegir la nueva Corte.
LAS CLAVES DE LA ELECCIÓN
Acuerdos políticos son claves. La elección de los siete magistrados restantes pasa por las negociaciones con el PAC y Libre.
Ceder espacios o negociar. La elección solo será posible si los partidos Nacional y Liberal ceden a incluir a otros de los nominados.
Las negociaciones de las reformas. Otra opción del oficialismo es que cedan a todas las reformas políticas que plantea el PAC y Libre.
La última opción. Una última opción que queda a los diputados es prolongar el período de la actual Corte, ante la falta de acuerdos.
Mientras las negociaciones en el Congreso Nacional se encuentran empantanadas, los exintegrantes de la Junta Nominadora abogaron ayer por un acuerdo entre las fuerzas políticas en el Legislativo para completar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y rechazaron cualquier pretensión de prolongar el período de los actuales magistrados por inconstitucional.
Aunque los diputados están convocados hoy para continuar con la sesión legislativa, la votación es incierta en vista que no se contempla este tema como punto de agenda, según miembros de la junta directiva.
Jorge Herrera, exnominador por el Claustro de Profesores, deploró que los diputados se hayan empantanado en escoger los magistrados de una nómina de 15, cuando hay otros 30 candidatos que cuentan con iguales o mejores méritos que los que están en esa lista.
“La diferencia entre unos y otros es que algunos abogados tienen mayor ejercicio profesional y obviamente tienen carrera judicial y ejercicio profesional independiente, lo mismo que docencia y posgrados”, señaló.
Consideró que cualquier intención de prolongar el período de los actuales magistrados sería ilegal, insano e inconveniente para el país e ilustró que la prolongación del período de los actuales magistrados vía decreto requeriría una reforma constitucional.
Por otro lado, explicó que en la medida que se tarde la elección de la Corte más se acorta su período, es decir, que los nuevos magistrados no terminarían sus siete años completos.
“El Congreso no tiene facultades para prorrogar el período de los actuales magistrados en vista que constitucionalmente ya dice que vencen el 25 de enero”, apuntó.
Por su lado, Linda Lizzie Rivera, exnominadora, dijo que el proceso de elección ha estado apegado a la ley; pero objetó todas las interioridades que han rodeado la selección de los magistrados.
Lamentó que la falta de acuerdos políticos haya retrasado la escogencia de los nuevos funcionarios del Supremo y abogó por un pronto acuerdo.
Rivera agregó que los más conveniente para el Estado de derecho es que se cumpla con la Constitución y eso pasa por una nueva Corte, “eso es lo correcto”.
Por su lado, el expresidente de la Junta Nominadora, Ricardo Rodríguez, lamentó que los intereses partidarios estén retardando la elección, porque todos los nominados son idóneos para integrar el alto tribunal. “Como ciudadano espero que lo más pronto posible tengamos una Corte para que se cumpla la alternabilidad que dicta la Constitución”, dijo.
Roberto Herrera Cáceres, titular de Derechos Humanos, pidió a los diputados dejar a un lado los intereses partidarios y elegir la nueva Corte.
LAS CLAVES DE LA ELECCIÓN
Acuerdos políticos son claves. La elección de los siete magistrados restantes pasa por las negociaciones con el PAC y Libre.
Ceder espacios o negociar. La elección solo será posible si los partidos Nacional y Liberal ceden a incluir a otros de los nominados.
Las negociaciones de las reformas. Otra opción del oficialismo es que cedan a todas las reformas políticas que plantea el PAC y Libre.
La última opción. Una última opción que queda a los diputados es prolongar el período de la actual Corte, ante la falta de acuerdos.