La actuación de la Comisión Interventora al frente del Ministerio Público comenzó a incomodar a altos funcionarios de la institución.
El fiscal general, Luis Rubí, no pudo ocultar más su disgusto por el rol desempeñado por los interventores nombrados por el Congreso Nacional, quienes ya cumplen un mes en funciones.
El detonante fueron las vacaciones obligadas a su personal de confianza, entre ellos su secretaria Gloria Suazo; el jefe de Recursos Humanos, FrancisMorales; el administrador, Mario Andino; la jefa de Medicina Forense, Lucy Marder y asesores, dejándolo prácticamente solo.
Existe “una manipulación para asaltar al Ministerio Público”, denunció Rubí en el programa Frente a Frente, de Televicentro.
Argumenta que desde el Congreso Nacional existe una manipulación porque por mandato constitucional el Ministerio Público no depende de ningún Poder del Estado o institución.
“Se nombra la comisión al margen de la Constitución de la República y se integra por personas que lo menos que entienden es del tema que los han puesto a resolver”, señaló. “Esa es una manipulación, están pretendiendo asaltar al Ministerio Público por medios ilícitos”, dijo.
“En este momento el Ministerio Público está anarquizado, con la moral en el suelo, porque es una persecución total contra las personas”, lamentó.
A la espera de resolución
Rubí afirmó que la Comisión Interventora es ilegal e inconstitucional, que está a la espera que la Sala Constitucional se pronuncie sobre el recurso que se interpuso.
Advirtió que la Interventora está tomando atribuciones que no le corresponden, que van a incurrir en responsabilidades.
Trascendió que el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, le habló a Rubí para aconsejarle que renunciara, recomendación que el Fiscal General rechazó.
Rubí reafirmó que culminará su período, no obstante que existen intenciones de prolongar la vigencia de la Comisión Interventora hasta que concluya el nombramiento de los actuales Fiscales Generales, en febrero de 2014.
Mirian Guzmán, de la Comisión Interventora, negó que exista persecución política. Afirmó que realizan un trabajo eficaz, por el bien del Ministerio Público.
Otra mordaza
La Interventora emitió la circular CIMP 012-05-2013, dirigida a todos los fiscales, en la cual ya no se permite el ingreso de periodistas a la sede del Ministerio Público, para hacer su labor.
En el mismo instruye que los únicos autorizados a dar declaraciones a periodistas son el personal de Relaciones Públicas, la directora de Fiscalías, los fiscales especiales y coordinadores regionales o los fiscales que estos deleguen, “debiendo para ello trasladarse a la oficina de Relaciones Públicas previa comunicación a los encargados de dicha oficina”.
La oficina de Relaciones Públicas se ubica aparte de las oficinas de los fiscales, a un costado del acceso principal al Ministerio Público.
