Dos meses no serán suficientes para los miembros de la Comisión Interventora que está al frente del Ministerio Público.
A la interventora se le dio una vigencia de dos meses, que van del 18 de abril al 18 de junio, para contarle las costillas al Fiscal General y realizar un plan de mejoramiento de la institución. Durante esos dos meses quedaron en suspenso el Fiscal General y el fiscal general adjunto, Roy Urtecho.
Ayer se conoció que la Comisión Interventora solicitará al Congreso Nacional que extienda su mandato hasta el fin del período del fiscal general, Luis Alberto Rubí.
Una fuente ligada a la Comisión Interventora dijo que esta petición será planteada en el informe del primer mes de gestión de esa entidad.
Si se cumple el requerimiento de la Comisión Interventora, a este órgano se le prorrogaría el lapso hasta febrero de 2014, que es cuando se terminan los cinco años del período de Luis Rubí.
La fuente explicó que se le definirá a este nuevo plazo como “período de transición” para que el nuevo Fiscal encuentre el Ministerio Público mejor ordenado.
No detalló qué pasaría entonces con el destino de ambos funcionarios, si permanecerían bajo la figura de la “suspensión” o si definitivamente serían separados.
De darse esta última situación, los funcionarios tendrían que ser separados mediante la figura del juicio político. No obstante, la fuente argumentó que dos meses no son suficientes para cumplir con las misiones encomendadas. “Son ocho acciones las que se nos encomienda y en dos meses no se puede hacer, por lo que si se quiere cumplir con lo que se planteó hay que extender el plazo”, acotó el informante.
La misión
La Comisión Interventora -creada mediante Decreto Legislativo 59-2013- espera que el Congreso Nacional le dé cita para poder entregar su primer informe. Primero sería enviado a las bancadas de los partidos políticos para que lo analicen.
La Comisión Interventora está integrada por los abogados María Antonia Navarro, Lino Tomás Mendoza, Miriam Guzmán y, como suplente, ángela Madrid.Entre las funciones que tiene la Comisión Interventora se encuentra preparar un diagnóstico integral de la institución, evaluar y depurar todas las estructuras del Misterio Público, definir un esquema de selección de personal e investigar de oficio cualquier denuncia contra un miembro de la dependencia.
Piñata de contrataciones
La Comisión Interventora recibió quejas de una serie de desórdenes administrativos y abusos en el uso de recursos de parte del fiscal Luis Rubí.
Según confió la fuente, la Comisión Interventora detectó que al menos medio centenar de vehículos estaban asignados a personal no operativo y en el peor de los casos los automotores se utilizaban para transportar parientes de altos funcionarios. El Ministerio Público cuenta con unos dos mil empleados, de los que apenas 600 son fiscales. En una de las primeras acciones de la Comisión Interventora se procedió a no prorrogar el contrato de 90 empleados de áreas administrativas y técnicas.
