Acusan a exempleados del IP y a representantes de fundación por desvío de L39.5 millones

Según el Ministerio Público, los recursos provenían de la tasa vehicular, impuestos registrales y traslación de dominio, canalizados a través del fideicomiso Sitec.

Acusan a exempleados del IP y a representantes de fundación por desvío de L39.5 millones
TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Ministerio Público presentó este martes un requerimiento fiscal contra exfuncionarios de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP) y representantes de la Fundación Ayudando con Amor, acusados de desviar 39.5 millones de lempiras mediante un falso proyecto social.

El ente acusador del Estado, mediante un comunicado, detalló que los imputados enfrentan cargos por delitos de fraude y uso de documentos falsos.

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Entre los acusados figuran los exempleados de la UCP: Cristy Dayanara Sánchez Valle (excoordinadora técnica), Tania Michell Montoya Zepeda (exgerente administrativa y financiera), Mario Roberto Reyes López (exdirector del Programa de Vivienda Social) y Leyla Patricia Rubio Valladares (excoordinadora de la Unidad de Presupuesto).

Asimismo, se incluye a los representantes de la Fundación Ayudando con Amor: Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berríos Salinas.

De acuerdo con las investigaciones, los acusados se coludieron para utilizar ilegalmente fondos del fideicomiso Sitec, ya derogado, al firmar un convenio con la fundación mencionada, con el supuesto objetivo de construir proyectos sociales que nunca se ejecutaron.

El convenio establecía que la UCP desembolsaría los 39.5 millones de lempiras bajo la figura de donación, pese a que dicha unidad no tenía autorización para otorgar donaciones.

Los recursos provenían de la tasa vehicular, impuestos registrales y traslación de dominio, canalizados a través del fideicomiso Sitec.

Según el Ministerio Público, un año después los acusados comenzaron a desembolsar los fondos mediante cheques a cuentas personales, presentando documentos falsos para justificar los pagos y consolidando así un esquema para saquear las arcas del Estado.

El caso representa la primera línea de investigación relacionada con el uso indebido de fondos públicos en la UCP del Instituto de la Propiedad durante el año 2022.

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Redacción La Prensa
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