Tegucigalpa, Honduras.
El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de la Corte Suprema de Justicia declaró, por unanimidad de votos, culpable por 139 delitos de fraude y falsificación de documentos públicos a Doris Obdulia Gradiz Sevilla.
La Fiscalía contra la corrupción pública logró demostrar que Doris Gradiz Sevilla, quien laboraba como Técnico en Planillas en la Secretaría de Salud, benefició con el otorgamiento de becas de estudio a 139 supuestos estudiantes.
'Según fue constatado por el Tribunal especializado, las personas beneficiadas no figuraban en los listados de las universidades, ni centros médicos y tampoco en los acuerdos ministeriales de la Secretaría de Salud lo que causó un perjuicio para el Estado de 10 millones 276 mil lempiras con 17 centavos, por el otorgamiento de dichas becas', informó en un boletín de prensa el Poder Judicial.
Los hechos ocurrieron entre los años 2009 y 2016, período de tiempo en el que se pagaron de forma ilícita contratos de becas por servicio social a personas sin ningún tipo de relación con el ministerio de Salud.
Y es que según el artículo 284 #4 de la norma penal sustantiva, por cada delito de fraude y falsificación de documentos la pena mínima es de 7 años y seis meses de prisión y la máxima de 11 años y tres meses.
Aguilar manifestó que 'la pena no es justa, no compartimos la decisión, pero la respetamos'.
Explicó que esperarán a que se realice la audiencia de individualización de la pena para interponer un recurso de casación por no estar conforme con la decisión de los jueces.
El abogado tendrá 20 días para apelar la resolución del Tribunal.
El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de la Corte Suprema de Justicia declaró, por unanimidad de votos, culpable por 139 delitos de fraude y falsificación de documentos públicos a Doris Obdulia Gradiz Sevilla.
La Fiscalía contra la corrupción pública logró demostrar que Doris Gradiz Sevilla, quien laboraba como Técnico en Planillas en la Secretaría de Salud, benefició con el otorgamiento de becas de estudio a 139 supuestos estudiantes.
'Según fue constatado por el Tribunal especializado, las personas beneficiadas no figuraban en los listados de las universidades, ni centros médicos y tampoco en los acuerdos ministeriales de la Secretaría de Salud lo que causó un perjuicio para el Estado de 10 millones 276 mil lempiras con 17 centavos, por el otorgamiento de dichas becas', informó en un boletín de prensa el Poder Judicial.
Los hechos ocurrieron entre los años 2009 y 2016, período de tiempo en el que se pagaron de forma ilícita contratos de becas por servicio social a personas sin ningún tipo de relación con el ministerio de Salud.
En este caso ya fueron condenos Nelson Antonio Gradiz, Carlos Rolando Bustillo Chirinos y Danny Joseph Osorio Ordóñez por el delito de fraude a título de complice necesario y contra Claudia Fabiola Nieto Gradiz, Iris Vanessa Nieto Gradiz y Noel Efraín Nieto Aguilar por el delito de fraude a título de complice simple.
En esta misma causa se absolvió de responsabilidad penal a Karla Regina Alfaro, Loyda Clementina Ventura, Garis Corina Zelaya y Ricardo Enrique Lanza, a quien el ente acusador del Estado les imputó el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
El Tribunal agendó para el próximo 18 de febrero a la 1:30 pm la audiencia de individualización de la pena.
Reacción del abogado
Tras escuchar el fallo, el abogado Efren Aguilar, defensor de Doris Gradiz Sevilla, calificó de histórica la decisión de los jueces, pues la encausada puede ser sentenciada a más 1,000 años de cárcel.Y es que según el artículo 284 #4 de la norma penal sustantiva, por cada delito de fraude y falsificación de documentos la pena mínima es de 7 años y seis meses de prisión y la máxima de 11 años y tres meses.
Aguilar manifestó que 'la pena no es justa, no compartimos la decisión, pero la respetamos'.
Explicó que esperarán a que se realice la audiencia de individualización de la pena para interponer un recurso de casación por no estar conforme con la decisión de los jueces.
El abogado tendrá 20 días para apelar la resolución del Tribunal.
