Las costas de Italia, España y Malta se convirtieron esta semana en una verdadera preocupación para los europeos ante la avalancha de personas que intentan llegar ilegalmente al Viejo Continente por vía marítima persiguiendo el sueño de una vida mejor.
Cada año aumenta el número de personas que llegan clandestinamente a Europa, parte de ellas a través de las costas de Italia y España.
El naufragio de cientos de indocumentados, cuyos cuerpos moribundos o ya cadáveres flotaban esta semana por el Mediterráneo, dejaron atónitos a los cientos de turistas que pasaban sus vacaciones en las magníficas playas españolas del archipiélago de las Canarias o en los remansos de la isla italiana de Lampedusa, al sur de Sicilia.
A pesar de la ayuda y la solidaridad que se desató en esas playas, la desigualdad social, económica y cultural pesa como la espada de Damocles entre esas dos categorías tan disímiles de seres humanos: el turista y el indocumentado.
El desembarco ilegal en Italia de unos 10.000 inmigrantes en los primeros siete meses del año 2006 y de unos 13.000 en Canarias en el mismo periodo, son sólo frías estadísticas frente al drama de esa masa desconocida y silenciosa de gente, la mayoría proveniente de Africa, que no tiene nada que perder, más que la vida.
En las últimas dos semanas, más de 2.000 inmigrantes ilegales desembarcaron clandestinamente en las costas de Sicilia, por lo que el ministro del Interior, Giualiano Amato, pidió oficialmente la intervención de la UE ante lo que definió como una situación 'alarmante'.
El flujo de inmigrantes se trasladó este verano a otras zonas de Mediterráneo, aprovechando las aguas tranquilas y calientes y ante la intensificación del patrullaje de las fronteras de Mauritania, Senegal y parte de Cabo Verde, pedido por España tras el asalto de indocumentados el año pasado a Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en Marruecos.
'De los 9.500 clandestinos que llegaron a Lampedusa en lo que va de año, 3.500 son marroquíes. Vienen a Italia porque otras vías están cerradas', denunció Amato.
Esta semana, las portadas de los diarios europeos abrieron con conmovedores titulares: 'Masacre de clandestinos, 17 adultos muertos, 8 niños desaparecidos frente a las costas de Malta', 'Turistas asisten a los inmigrantes naufragados', titulaba el lunes el diario italiano Il Corierre della Sera.
'Hasta para morir tenemos que pagar', declaró Hammed, un eritreo de 22 años, quien reconoció que desembolsó 1.500 dólares para viajar agolpado junto con otras 26 personas por 20 días en una pequeña embarcación, sin víveres.
'Sabemos que es como la ruleta rusa, unos se salvan, otros no', contó el eritreo, que vio cuerpos acabados, de hombres, mujeres y niños sin fuerzas, completamente deshidratados, abandonados en alta mar, probablemente vivos.
La aterradora vivencia de esos indocumentados no cambiará sus destinos, ya que entrarán en un interminable círculo vicioso burocrático, con traslados a centros de detención, largas esperas, hasta que las autoridades logren identificarlos, darles una nacionalidad y devolverlos a su país de origen.
Si bien la ley prevé la repatriación del inmigrante ilegal, los mecanismos para aplicarla son bastante enredados y un alto porcentaje de ellos, según la organización católica Cáritas, se queda como indocumentado en Europa, convirtiéndose así en un delincuente por violar las leyes migratorias.
Cerca de 56 millones de inmigrantes viven en este continente, de los cuales cinco millones están en situación irregular, según el último informe de Cáritas.
Gobiernos de izquierda o de derecha de la Unión Europea, sensibles o de mano dura, como el del socialista español de José Luis Zapatero o del moderado italiano Romano Prodi, tuvieron que reconocer que el problema de la inmigración ilegal está directamente relacionado con la pobreza del sur del mundo y que la respuesta no debe ser sólo de tipo policial.
Sin embargo, la primera medida que han adoptado es la de patrullar a partir de agosto, en forma conjunta con las marinas de Italia, Grecia, y Malta, las costas de Italia y de Libia, de donde zarpan la mayoría de las embarcaciones cargadas de clandestinos que llegan a las costas sicilianas.
Igualmente, las autoridades españolas de Canarias esperan también con impaciencia la llegada de cuatro patrulleras suministradas por países de la Unión Europea (UE) para vigilar las costas africanas.
'Las primeras patrullas tenían que iniciar su misión en septiembre, pero ante la emergencia zarparán en agosto', explicó el jueves el vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini.
Mientras los países más afectados intentan contener como buenamente pueden la avalancha de pobres, conscientes de que Europa no puede recibir a todos los que sueñan con alcanzarla, se tiene la impresión de que sus dirigentes buscan una solución, que por ahora no parece llegar.
'La clave del problema es el desarrollo económico de los países africanos', admitió Amato, quien propuso la celebración este año de una conferencia Unión Europea-Unión Africana. AFP
