Hasta noviembre de 2023, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) contabilizaba 66,000 manzanas de tierra en producción que habían sido invadidas por grupos campesinos; las invasiones se mantenían en 17 municipios de ocho departamentos.
A la fecha los datos siguen siendo igual, o incluso peor, señalan empresarios, pues no ha habido avances, ni voluntad para resolver los conflictos de invasiones.
El 80% de la extensión de tierra privada invadida se encuentra en Atlántida, Comayagua, Choluteca, Santa Bárbara, Yoro, Francisco Morazán, Copán y Colón.
Los sectores más golpeados por las invasiones son el de palma africana, banano, camarón, okra, caña de azúcar, los proyectos hidroeléctricos, cultivos de cacao, piña y el rambután.
La situación ha generado cuantiosas pérdidas en el sector privado; el Cohep estima que en 2023 se dejaron de invertir 2,400 millones de lempiras por las invasiones.
Sin embargo, en los últimos días, la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, que fue creada hace más de un año con el objetivo de resolver los conflictos sobre las invasiones de tierra y su acceso, comenzó a mostrar los primeros avances.
Durante la más reciente reunión de la comisión en la que estuvieron representantes del sector privado, las organizaciones campesinas y el sector público se dieron alternativas para evitar las invasiones de tierras y fortalecer la seguridad en el campo.
Entre los puntos abordados destacan la creación de protocolos de desalojo enfocados en derechos humanos, la reforma de las leyes agrarias para garantizar el acceso ordenado a la tierra para los campesinos y el impulso de proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales.
Quieren comprar las tierras
La comisión propuso reformar la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, con el propósito de garantizar el acceso a la tierra a los grupos campesinos.
Rafael Alegría, subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), explicó que lo que se busca es reformar los artículos de la ley que impiden el acceso a la tierra del sector privado.
“El sector privado ha aceptado que no puede haber tierra inculta, ociosa o abandonada con las grandes necesidades que tiene el país respecto a producción; entonces acordamos reformar el artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola que impedía el acceso a la tierra del sector privado y afinamos la indemnización que corresponderá a los propietarios de estos predios”, detalló el funcionario.
El artículo 51 de la normativa vigente establece que las condiciones en las que se pueden afectar las propiedades rurales privadas para fines de reforma agraria son cuando excedan las áreas establecidas en el artículo 25 de la Ley de Reforma Agraria; cuando las tierras estén incultas u ociosas por más de 18 meses consecutivos y que en el caso de falta de financiamiento, sequía, inundaciones u otras razones de fuerza mayor, el plazo se extiende a 24 meses.
Así mismo, las tierras adjudicadas para fines de reforma agraria que no se exploten de acuerdo con la Ley. Agrega que las áreas forestales en ningún caso se considerarán tierras incultas u ociosas y, por lo tanto, no será objeto de afectación.
Es decir, que lo que se busca con la reforma es que el Estado pueda comprar las tierras privadas que están en desuso para adjudicarlas a grupos campesinos para la producción agrícola.
Aún no se define cuál podría ser el procedimiento para que el Estado compre las tierras al sector privado; sin embargo, el subdirector adelantó que una de las propuestas es que se pague el 50% en efectivo y el restante se dé a los dueños en bonos.
“El estado ha propuesto que una parte sea en efectiva y la otra sea en bonos, pero la empresa privada tiene sus observaciones con los bonos, entonces lo estamos discutiendo, pero ese es un gran paso”.
Para el director del INA, Francisco Funez, es necesario definir un precio justo a pagar a los empresarios o dueños de la tierra.
Las propiedades incautadas a los narcos
Otro de los puntos que se tocó en la mesa de discusión para garantizar el acceso a tierras a los campesinos fue el traspaso de terrenos con contrato de arrendamiento entre el INA y Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Aunque el tema se ha sido presentando en el Congreso Nacional desde la primera legislatura a través del diputado Jari Dixon; el mismo no ha tenido avance en el pleno.
También se abordó la necesidad de establecer protocolos para la ejecución de desalojos en tierras en conflicto, el proceso se deberá realizar conforme a derechos humanos, de manera pacífica, sin confrontaciones.
Además, se habló sobre la potencialidad que hay en el campo para desarrollar proyecto de producción de corto, mediano y largo plazo, mediante la asistencia técnica por parte del Estado y la empresa privada.
Se fortalecerá el sector a través de la creación de un gabinete agrícola, que sea del sector público, con apoyo técnico donde se involucre el sector privado. En los próximos días la comisión se volverá a reunir con el objetivo que las propuestas mencionadas sean plasmadas en un documento oficial.
