Cristina Moncada es una madre de coraje. Las palabras se le atropellan sin cesar, como si contar la injusticia que se ha cometido con ella sirviera para anestesiar el infierno en el que vive desde hace seis meses, cuando la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia de Cataluña (DGIA) le arrebató a sus dos hijos. “¿Cómo son posibles tantos errores? ¿Por qué no me devuelven a mis hijos ya?”, clama a La Prensa esta sampedrana de 30 años.
La historia de emigración de Cristina comenzó en 2006, año en el que llegó a Barcelona buscando una vida mejor con su marido y sus dos hijos. “La primera paliza me la dio pronto. Se enfadó porque me gasté un euro más de lo previsto en llamar por teléfono a mi familia.
Pero yo los echaba de menos... La segunda ocurrió en 2007. Me hirió con un cuchillo en el cuello. Lo denuncié y me separé. Pero él se las arreglaba para volver a casa y seguir pegándome. Hasta que un día, en 2008, me agredió frente a los Mossos (policía catalana), que lo detuvieron. El juez le dictó una orden de alejamiento”.
La tortura prosiguió durante meses, pese a los cinco cambios de domicilio de Cristina. El hombre no dudaba en quebrantar las órdenes del juez para perseguir a su ex mujer, hasta que por fin lo sentenciaron a diez meses de cárcel, condena que intercambió por una orden de expulsión que no se concretó.
Cristina mantenía a sus hijos limpiando casas y contaba con la ayuda de Cáritas, que pagaba parte del alquiler y las becas del colegio de los niños. “Pero yo siempre he estudiado, desde Informática a Contabilidad e Ingeniería Industrial. Ahora soy profesora de Informática, gano 1,500 euros al mes”.
La lucha de Cristina daba sus frutos, pero sus fantasmas se empeñaban en acosarla. “El juez había determinado que él podía visitar a sus hijos, así que alguna vez cuando yo estaba trabajando, él se quedaba cuidándolos con la condición de que se fuera antes de que yo volviera. Hasta el pasado 2 de diciembre, cuando dejó a los niños solos, una vecina me avisó y regresé corriendo a casa. Él ya había vuelto”. La consiguiente discusión alertó a los vecinos, que avisaron a la Policía.
En el hogar de Cristina, ésta se había parapetado en un dormitorio con los niños. El maltratador sangraba por una mano por un corte accidental. Al llegar la Policía, el hombre acusó a Cristina de estar enloquecida y de que iba a matar a los niños y suicidarse.
“Los agentes derribaron la puerta y me golpearon. Mi hijo mayor, de 11 años, se enfrentó a un policía y éste le hizo una llave. Me rompieron un labio y me inmovilizaron con una rodilla sobre la boca. Perdí el conocimiento en medio de un ataque de asma. Al niño lo llevaron a un hospital y a mí a un ambulatorio y luego a la comisaría.
Pasé a disposición judicial, pero el juez me remitió a Violencia contra la Mujer. Al salir me encontré con que la DGIA se había llevado a mis niños”.
Había acabado el purgatorio de Cristina. Comenzaba el infierno. Los servicios de asistencia social habían recogido a los niños al creer que los dos padres estaban detenidos. “Me dijeron que iban a corregir el error. Después me acusaron de haber dejado que su padre maltratara psicológicamente a los niños durante años; también que iban a investigar durante seis meses.
Ya ha pasado ese tiempo y ahora quieren prolongarlo dos más. Incluso, el padre, durante el juicio, rectificó sus acusaciones de que yo era una enferma mental (Cristina se sometió a cuatro pruebas voluntarias). He denunciado a la DGIA, a los Mossos… Pero sólo quiero que me devuelvan a mis hijos”. Y si no lo hacen de inmediato, Cristina se declarará en huelga de hambre, y con ella, sus familiares en San Pedro Sula y EEUU.
Gabriela Castro no conoce a Cristina, pero a buen seguro que se sumaría de inmediato a sus protestas. Ella también pertenece a la raza de las mujeres fuertes. No tiene papeles, pero sí derechos. Y voz. “La Policía madrileña me detuvo hace unas semanas. Lo pasé muy mal, juegan con nosotros. Como soy hablona me amenazaron con meterme en una celda a solas con un negro. A otro detenido, un chico de la India que vende rosas, le tiraron sus flores al suelo y se las pisotearon”, relata Gabriela, capitalina de 23 años.
Ella es una de los emigrantes hondureños víctima de las redadas indiscriminadas que ejecuta la Policía. Los líderes de la comunidad están convencidos de que la crisis ha redoblado las detenciones y las expulsiones. “Aquí la vida es dura, muy dura”, confiesa Castro, la que trabaja doce horas al día cuidando cuatro niños y cobra 800 euros.
“Ésta es la segunda vez que me detienen”, continúa Castro. “La primera ocurrió cerca del Metro, cuando capturaron a un vendedor de drogas dominicano. Y como yo soy mulata, pensaron que era dominicana. Me llevaron a la comisaría y allí, en una especie de bodega donde guardan cajas, me desnudaron delante de varios chicos. Y no me quitaron las braguitas porque tenía la menstruación. Jugaron conmigo, se pasaron”.
Peor aún le fue a Víctor Alfonso Ramírez, expulsado tres veces de España y que ya retornó dos. Hoy, en Siguatepeque, espera otra oportunidad para volver.
Arles Osorio tampoco se quiere ir. Ni la crisis ni las redadas lo echan atrás. Este joven de 28 años tiene una orden de expulsión que se le cumple en unos días. “Tengo que cuidarme estos días, que no me pillen en la calle porque me echarán”, sonríe mientras apura una cerveza en un bar de Madrid. “Venía de ver un partido del Olimpia en casa de un amigo. La Policía me agarró y claro, soy indocumentado”.
En Barcelona, la otra punta de España, dos niños también apuran ansiosamente los días. Los dos hijos de Cristina Moncada viven en un centro de acogida. El pequeño todavía tiene un ojo morado por la golpiza que le dio un compañero. Y su hermano mayor, entre una visita y otra de su madre, aprovecha para escribirle poesías para así suavizar el tiempo y la distancia: “Tú lloras, yo también. Algún día creceré y yo te cuidaré”.
