La Ley Especial para la Depuración Policial cuya vigencia finalizó ayer permitió la aplicación de 1,271 pruebas de confianza a través de la Diecp (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial) a los elementos de la Policía, que suman alrededor de 14,000.
Según datos de la institución, se han practicado 774 pruebas de polígrafo a agentes y oficiales policiales, de los cuales 150 dieron positivo.
También se han aplicado 352 pruebas toxicológicas, dando como positivo 25 en total.
“En el marco de ese ámbito jurídico (Ley Especial de Depuración), la Diecp realizó 150 resoluciones que afectan a otros tantos miembros de la Policía Nacional porque fallaron como la ley establecía cualquiera de las pruebas de evaluación... La ley dice que cuando el evaluado reprobare cualquiera de las pruebas que se practiquen”, explicó Eduardo Villanueva, director de la Diecp.
“Con base en esos 150 miembros de la Policía Nacional que decepcionaron la prueba del polígrafo, 25 miembros de la carrera policial que dieron positivo en la prueba de toxicología y 55 que igualmente reprobaron cualquiera de las pruebas, las resoluciones de la Diecp se emitieron, en total 230, para que esos miembros de la Policía fueran separados de la Policía Nacional como corresponde a la aplicación de esta Ley Especial”, explicó.
Inicia proceso de ampliación
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad comenzará hoy a preparar otro decreto para ampliar la vigencia de la Ley Especial de Depuración Policial.
Con esta medida se extenderán las facultades a Juan Carlos Bonilla, director de la Policía Nacional, para que continúe aplicando pruebas de confianza a oficiales y agentes y proceda a destituir a quienes resulten reprobados. El presidente Porfirio Lobo anunció el fin de semana que enviará al Congreso Nacional una ampliación al decreto 89-2012 que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial, aprobada por seis meses el pasado 25 de mayo.
Dicho decreto venció ayer y declara situación de emergencia nacional en materia de seguridad pública para acelerar un proceso expedito y confiable de depuración en la Policía otorgando facultades y atribuciones excepcionales y temporales al director de la Policía Nacional.
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