Ignorar la publicación oficial de la declaratoria de las elecciones generales en el diario La Gaceta podría traer serias repercusiones para Edis Antonio Moncada Eguigure, gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag).
Personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) se presentó el miércoles 31 de diciembre de 2025, minutos después de las 11:00 am, para entregar la documentación que contenía la declaratoria de elecciones generales. No obstante, en la Enag aseguraron que el documento no podía ser recibido, al argumentar que no había personal autorizado para ese procedimiento.
Esta negativa podría generar cargos penales contra la máxima autoridad de la Enag, al considerar que no se acató una disposición emitida por el CNE, un ente con rango constitucional, cuyo pleno de magistrados firmó en legal y debida forma la declaratoria que debía publicarse en La Gaceta.
“Así como es autoridad el presidente del Congreso Nacional, los consejeros del Consejo Nacional Electoral también lo son. A La Gaceta puede mandar a publicar cualquier institución, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Electoral o el Consejo Nacional Electoral, y el gerente de la Enag debe obedecer; en este caso, los consejeros del CNE son autoridad electoral”, explicó Héctor Pérez, abogado penalista.
El experto en materia penal indicó que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que, cuando no es posible publicar una declaratoria u otra normativa en el diario oficial La Gaceta, esta puede divulgarse en los diarios de mayor circulación nacional y adquirir carácter legal.
“En este caso, el nuevo fiscal general, y digo nuevo, porque este fiscal no es competente y ya sabemos que está alineado al Partido Libre, tiene que presentar un requerimiento por desobediencia y desacato a una autoridad competente. Por lo tanto, si se formaliza un requerimiento fiscal, tendrá que comparecer ante un juzgado penal para defenderse de estos cargos y podría enfrentar incluso una eventual encarcelación”, afirmó.
Para Nelson Castañeda, coordinador de la Unidad de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la gerencia de la Enag deberá demostrar si efectivamente no recibió la documentación de la declaratoria. “Si la recibieron y no la publicaron, estarían incurriendo en la posible comisión de delitos, porque se estarían oponiendo a una exigencia que cuenta con respaldo constitucional”, señaló.
Al igual que Pérez, Castañeda consideró que, de no resolverse esta situación, será necesaria la intervención del Ministerio Público (MP) para que investigue qué ocurrió realmente durante el proceso de entrega del documento electoral.
“Es un tema de interés nacional. Personas que, por presión política, estén omitiendo sus funciones pueden incurrir en serias repercusiones legales. Eso es lo que deben entender los funcionarios que aún continúan en el poder: deben tener cuidado y no ceder a presiones políticas”, advirtió.
Las repercusiones legales podrían ser severas si no se cumple con lo que manda la ley, en este caso, acatar el mandato de un ente constitucional como el Consejo Nacional Electoral (CNE), concluyó.
