Ahora todo depende del Consejo Nacional Agrario, pues el las tierras en las que ambas empresas, Azunosa y Cahsa, tienen sus cultivos de caña de azúcar.
Contexto
La resolución del Instituto Nacional Agrario se basa en la Ley para la modernización y desarrollo del sector Agrícola, que reformó el Artículo 51 del Decreto 31-92 del 5 de marzo de 1992.
La refoma permite la expropiación de tierra ociosa para pasarla a campesinos, quienes deberán pagar la tierra al Estado sin derecho a enajenarla, mientra el Estado establece una comisión que valore las propiedades para que le sean pagadas a un justo precio a sus dueños.
La ociocidad de las tierras se determinará en 'aquellos predios rurales de vocación agrícola o ganadera de dominio privado que se considere que no cumplan con la función social' en siete casos determinados.
Uno de esos casos es cuando las tierras a expropiar excedan las áreas establecidas en el artículo 25 de la Ley de Reforma Agraria y que no se encuentren comprendidos en el artículo 39 reformado de la misma ley.
También cuando las tierras se encuentren ociosas o incultas; salvo aquellos casos que por razones no imputables a los propietarios o poseedores; como ser razones de falta de financiamiento, sequía, inundaciones u otras razones de fuerza mayor.
La ley permite también la expropiación cuando los predios se encuentren indirectamente explotados, salvo lo dispuesto en los artículos del 54 al 58 de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. Lo permite también cuando la fragmentación de los predios haya dado origen al minifundio y, con éste, al uso inadecuado o destrucción de los recursos naturales o a un bajo rendimiento de los factores de la producción.
Serán expropiadas las tierras ocupadas por campesinos o campesinas organizados o no, que no acrediten ante el INA por lo menos 3 años de ocupación, se incluye en la afectación aldeas, caseríos y los
trabajadores que no se deriven de una relación contractual, según algunas causales.
Bajo estos parámetros, la Comisión Agraria Nacional deberá calificar la resolución hecha por el INA en contra de las azucareras, la cual se tomó a pesar del temor de varios sectores de que esto aleje a los inversionistas del país.
Listos para entregar tierras
El asesor del INA explicó que el Consejo Nacional Agrario evaluará las resoluciones tomadas por el INA y también las apelaciones presentadas por las empresas azucareras.
“De acuerdo con las investigaciones que hicimos y las autorizaciones que ellos no presentaron de sobretecho de estas áreas, tal vez lo que podríamos decir es que han planteado ellos recursos de apelaciones, que ya los estamos resolviendo, para remitirlos al Consejo Nacional Agrario. Azunosa lo interpuso la semana pasada, Cahsa lo va interponer esta semana, y estamos remitiendo los expedientes al Consejo Nacional Agrario, que es la instancia superior del INA; será el Consejo el que va a determinar mediante el procedimiento que ellos determinen, si estas resoluciones de expropiación quedan firmes, o si por el contrario las modifican”.
Ramiro Lobo declaró que solo están esperando el visto bueno del Consejo para hacer entrega de los terrenos.
“Hay en esa zona de Villanueva, de San Manuel y de Pimienta unas 2,500 familias campesinas que han estado pidiendo tierras y una vez que estas resoluciones queden en firme, nosotros en el INA se las estaremos entregando a ellos, de acuerdo con lo que establece la Ley de Reforma Agraria y la constitución de empresas que tendrán que hacer ellos para ser beneficiarios de esta misma ley”.
El asesor del INA fue claro al decir que esperan que su resolución sea ratificada por los miembros del Consejo, ya que, según él, han hecho todo con base en las leyes agrarias del país.
“Esperemos que el Consejo Nacional Agrario se tome su tiempo, incluso el Consejo puede abrir el juicio a prueba, seguramente las partes recurriremos allí y esperamos que en un lapso prudencial el Consejo pueda resolver la situación en relación con las resoluciones, ya sea ratificando lo que hemos hecho nosotros, porque todo lo hicimos basados en la Ley de Reforma Agraria y a la Ley de Modernización, o pueden ellos modificarla o revocarla definitivamente. Esperemos que ellos sean congruentes con la resolución que hemos tomado”.
Las cosas claras
El INA pretende que se expropien más de 9,000 manzanas de tierra, de las cuales 5,227 son de Azunosa, empresa que pertenece a la Cervecería Hondureña, la cual es propiedad, entre otras, de Sabmiller, una firma inscrita en Londres, Inglaterra.
Jeremy Pilmore-Bedford, director para el Caribe y México en la Oficina de Relaciones Exteriores, y la Mancominidad Británica afirmó que la expropiación de tierras de capital británico en Honduras “daría una señal equivocada frente a la inversión internacional”.
El emisario inglés indicó que cualquier decisión que se tome debe estar amparada en las leyes nacionales e internacionales. “Debe explicarse de manera clara que todo se efectuó con base legal y de acuerdo con todas las leyes de Honduras y en el contexto de la reforma de tierras y explicado claramente a las compañías involucradas. Esto se complicaría si estuviera fuera del ámbito legal”.
Empresas planean irse
Aline Flores, presidenta del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), reveló que empresas de capital inglés, estadounidense y centroamericano ya hacen planes para irse del país.
La empresaria aseguró que en los últimos días se detuvieron millonarias inversiones de un ingenio azucarero centroamericano en el país por la inestabilidad que existe en el agro generada por las invasiones y las expropiaciones de tierra.
Flores reveló que ya ha recibido llamadas de ejecutivos pertenecientes a firmas internacionales y regionales para comunicarle que analizan irse del país debido por el ambiente de incertidumbre en el sector agrario nacional y la falta de seguridad jurídica y personal.
Fernando García, director ejecutivo de la Andi (Asociación Nacional de Industriales) expresó que esta decisión del INA va en contra de los intereses nacionales.
“Lo que están invadiendo y pretenden expropiar son tierras cultivadas, entonces el país no recibe ningún beneficio, pues solo hay un cambio de dueño, y no hay un incremento en la producción”.
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