De la mayoría de aspirantes a magistrados en la próxima Corte Suprema de Justicia se desconoce su filiación política.
De acuerdo con un análisis a los perfiles presentados por los postulantes a la Junta Nominadora se desconoce este vínculo en el 58% de ellos.
Por otra parte, alrededor del 40% de los aspirantes sí se identifica con alguna de las tres principales fuerzas políticas del país.
Sin magistrados
De acuerdo con la presidenta de los abogados sampedranos, esta región del país lleva ya 14 años sin que se elija a un magistrado de San Pedro Sula. De los más de 32 mil abogados registrados en el CAH, alrededor de 6 mil (18.7%) son originarios de la Capital Industrial de Honduras.
De estos, un 20% se identifican con el Partido Nacional, un 11% con el Liberal y un 9% con el partido Libertad y Refundación (Libre).El 1% lo hace con alguno de los partidos minoritarios que militan en la arena política hondureña.
Entre quienes se declaran nacionalistas figuran nombres como Rafael Bustillo Romero y Roy David Urtecho López. Entre los que se decantan por los liberales hallamos nombres como los de Edgardo Cáceres Castellanos y María Fernanda Castro Mendoza.
De Libre se encuentra Tirza Flores Lanza, hermana del asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, y también se postula desde ese instituto político Gloria Guadalupe Oquelí.
“La justicia no tiene color”
Para el analista político Olban Valladares, que participen en el proceso aspirantes con filiación política no reviste mayor importancia, pues, de acuerdo con su recuento histórico, a través de los años han pasado por la Corte Suprema capaces y competentes, no importando su identificación partidaria.
“Lo importante no es que tengan simpatías políticas o sean inscritos por partidos políticos; lo importante es el grado de activismo o dependencia de su posición política que pueda poner en peligro el desempeño de altas funciones como es la impartición de justicia”, explica el analista.Valladares agrega que los nexos políticos solo pueden afectar a los futuros magistrados en función del “grado de sumisión” que tenga, de los compromisos que tengan con aquellos que los apoyan.
“Si los postulantes sienten que su nombramiento ha sido producto de la influencia política, obviamente tendrán, muy dentro del pecho, un compromiso de satisfacer cualquier influencia, sugerencia o petición que le hagan los políticos”, refiere.
El analista le recuerda a los futuros magistrados que la justicia debe impartirse con equidad, dando a cada quien lo que le corresponde según la ley, puesto que después de todo la “justicia no tiene color de partido”.
Este mismo punto de vista lo comparte la abogada Marilú Torres, quien es la presidenta del Colegio Hondureño de Abogados (CAH) en San Pedro Sula.
Torres dice que lo que interesa a su gremio es que lleguen a la Corte “buenos magistrados, honestos, decentes y que no se hayan visto involucrados en asuntos reñidos con la ley y con la justicia”, cualidades que trascienden los colores políticos.
En su opinión, la verdadera complicación surge después que la Junta presente al Congreso la lista con los 45 aspirantes seleccionados, entre los cuales se elegirá a los 15 que pasarán a integrar la nueva Corte.
“Es difícil elegir así de esa manera, porque en este momento sabemos que ninguna Corte que vaya con transparencia, no importa de qué partido sea la persona, pero lo que importa es que Honduras tenga una Corte responsable, que nos dé confianza a todos los hondureños y que el Congreso sepa elegir las mejores personas”, apuntó.
Según el calendario la elección de la Corte en el Congreso tendrá lugar después del 17 de enero de 2023, cuando la Junta presente su listado.
Datos
1% De los aspirantes a magistrados se manifestaron como políticamente independientes, sin filiación con ningún partido político en particular.
173 candidatos se mantienen en el proceso, a la fecha, luego que la lista original de 185 postulantes fuese reducida en 12 debido a diversos factores.
“Lo importante no es que tengan simpatías políticas o sean inscritos por partidos políticos; lo importante es el grado de activismo o dependencia de su posición política que pueda poner en peligro el desempeño de altas funciones como es la impartición de justicia”, explica el analista.Valladares agrega que los nexos políticos solo pueden afectar a los futuros magistrados en función del “grado de sumisión” que tenga, de los compromisos que tengan con aquellos que los apoyan.
“Si los postulantes sienten que su nombramiento ha sido producto de la influencia política, obviamente tendrán, muy dentro del pecho, un compromiso de satisfacer cualquier influencia, sugerencia o petición que le hagan los políticos”, refiere.
El analista le recuerda a los futuros magistrados que la justicia debe impartirse con equidad, dando a cada quien lo que le corresponde según la ley, puesto que después de todo la “justicia no tiene color de partido”.
Este mismo punto de vista lo comparte la abogada Marilú Torres, quien es la presidenta del Colegio Hondureño de Abogados (CAH) en San Pedro Sula.
Torres dice que lo que interesa a su gremio es que lleguen a la Corte “buenos magistrados, honestos, decentes y que no se hayan visto involucrados en asuntos reñidos con la ley y con la justicia”, cualidades que trascienden los colores políticos.
En su opinión, la verdadera complicación surge después que la Junta presente al Congreso la lista con los 45 aspirantes seleccionados, entre los cuales se elegirá a los 15 que pasarán a integrar la nueva Corte.
“Es difícil elegir así de esa manera, porque en este momento sabemos que ninguna Corte que vaya con transparencia, no importa de qué partido sea la persona, pero lo que importa es que Honduras tenga una Corte responsable, que nos dé confianza a todos los hondureños y que el Congreso sepa elegir las mejores personas”, apuntó.
Según el calendario la elección de la Corte en el Congreso tendrá lugar después del 17 de enero de 2023, cuando la Junta presente su listado.
Junta acusada de filtrar las pruebas
Tegucigalpa. La Junta Nominadora que dirige el proceso de selección de los postulantes a a magistrados de la próxima Corte Suprema fue acusada por algunos de los aspirantes de haber filtrado los contenidos de las pruebas antes de su aplicación a los candidatos.
De acuerdo con la denuncia recogida el jueves por los medios de comunicación, los contenidos se hicieron circular a través de las redes sociales, arrojando una sombra de duda sobre la credibilidad del proceso.
“Es un tema muy preocupante porque esperamos transparencia; desde el momento que el examen se hizo en tres grupos diferentes y a horas diferentes, desde allí ese examen tiene vicios de nulidad, porque es claro que la gente de los últimos grupos lleva una ventaja (sobre los) que los que llegaron temprano, por lo tanto, no es transparente, no fue certero”, comentó sobre el particular el diputado Francis Cabrera, del partido Libre.
Otros congresistas llamaron a los cuerpos de investigación a tomar las acciones pertinentes para esclarecer el asunto, dada la importancia de garantizar un proceso transparente en la conformación del próximo Poder Judicial.
Se espera que este viernes los delgados de la Junta conozcan y resuelvan cinco pedidos de revisión de resultados a la luz de estos señalamientos.
