Tegucigalpa, San Pedro Sula
Una nueva normativa de la Secretaría de Educación prohíbe el ingreso de los padres de familia a las escuelas y colegios públicos, restringiendo el acceso únicamente a estudiantes y docentes.
Según la disposición, los padres que deseen esperar a sus hijos deberán permanecer fuera de las instalaciones.
Mediante el oficio número 0081-DSE-2025, la Secretaría de Educación prohibió la permanencia de personas ajenas al ámbito educativo en los centros escolares, con el objetivo, aseguran, de salvaguardar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.
El documento firmado Daniel Esponda, ministro de Educación, detalla: “En virtud de garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de los espacios destinados para las actividades educativas, queda terminantemente prohibida la presencia de personas ajenas a la comunidad escolar dentro de las instalaciones del centro educativo”.
Con esta circular enviada a las direcciones departamentales, municipales, distritales y a los centros educativos, comenzó la implementación de la nueva normativa.
En muchos casos, los docentes ya han impedido el ingreso de padres de familia a las escuelas, generando diversas reacciones.
Una de las principales quejas de los progenitores es la inseguridad que impera en los alrededores de las escuelas.
Según el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2019 y 2022, un total de 1,798 niños, niñas y adolescentes fueron desplazados de manera forzada o se encontraban en riesgo de desplazamiento debido a amenazas, asesinatos y extorsión, en su mayoría, perpetrados por maras y pandillas.
En la zona sur ya hay rechazo a la medida. Padres de familia exigen el ingreso a las escuelas para apoyar a los maestros, mientras que estos insisten en cumplir con las nuevas disposiciones de Educación.
Karina Zepeda, madre de familia, expresó su frustración al respecto, pues muchos centros educativos carecen de la seguridad necesaria, lo que motiva a los padres a brindar su apoyo.
No funciona la Policía Escolar
A este contexto se añade una promesa incumplida en las últimas administraciones gubernamentales.
La Policía Escolar, un departamento dentro de la Secretaría de Seguridad, fue concebida como una respuesta a la creciente violencia en las cercanías de los centros educativos.
No obstante, esta unidad policial sigue siendo ineficaz, y la presencia de agentes en los centros educativos es mínima.
Según Alwyn Espinal, subdirector del instituto Jesús Milla Selva de la capital, "nos preocupa la seguridad del portón hacia afuera. A la hora de salida, se pueden ver muchas personas que no tienen relación con la institución, y están al acecho de los jóvenes".
Este instituto, con una matrícula de 3,800 estudiantes, sigue solicitando la presencia policial para proteger tanto a los estudiantes como a los docentes.
El problema se agrava cuando se observa que, según informes de los padres de familia, algunos de ellos se ven obligados a pagar entre 100 y 500 lempiras al año para solventar la falta de seguridad.
Una madre de familia, que prefirió mantener su anonimato, comentó: "No quiero dar muchos detalles porque evito los pleitos, pero son 300 lempiras los que nos están cobrando para pagar un vigilante y una aseadora".
Este tipo de pagos no solo afecta a los progenitores, sino que pone de manifiesto la falta de apoyo institucional para garantizar la seguridad dentro de los centros de educación.
