La aprobación de la moción presentada en el Congreso Nacional para investigar la conducta administrativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, considerado un zarpazo a ese Poder del Estado, tiene divididos a los diputados.Las opiniones dentro del Poder Legislativo son radicalmente opuestas.
Los impulsores de la iniciativa afirman que esta es necesaria y que la Constitución de la República los ampara a aprobarla; mientras que quienes están en contra señalan que con este debate solo se está fomentando el enfrentamiento entre los Poderes del Estado.
Los diputados que respaldan que se investigue la conducta administrativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aseguran que en la Sala de lo Constitucional hay muchos recursos interpuestos y que en las demás dependencias del Poder Judicial hay un sinfín de fallos pendientes por emitir, por los cuales hay personas que han esperando durante mucho tiempo para recibir una respuesta.
Basados en esto, los promotores de la investigación a la Corte han manifestado que no se explican cómo es que de manera tan acelerada han podido tomar una decisión en la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la iniciativa que ordena la depuración de la Policía Nacional.Los legisladores que están en contra de la moción para investigar a magistrados advierten que estas acciones son un ataque directo contra la institucionalidad y que ponen en riesgo, incluso la estabilidad del país.
Tomás Zambrano:
“El Congreso tiene la facultad de investigar a los magistrados”
Tomás Zambrano, diputado nacionalista del Congreso Nacional, defendió la
moción para revisar la conducta administrativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“El Congreso Nacional, que lo integramos diputados de cinco partidos políticos, hemos venido trabajando en los últimos años con el tema de seguridad ciudadana, de buscarle un clima de seguridad al pueblo hondureño.
En este momento la tasa de homicidios en el país es de 88 personas por cada 100 mil habitantes, que es una de las tasas más altas en el mundo, y en el Congreso Nacional hemos arriesgado la vida los diferentes diputados aprobando mociones en los temas de extradición, de extinción de dominio, de depuración policial”.Zambrano manifestó que la ley permite al Poder Ejecutivo realizar las investigaciones.
“El Congreso tiene la facultad de investigar la conducta administrativa de altos funcionarios, específicamente de magistrados del Poder Judicial. Ya hay antecedentes en el Congreso. En el gobierno de Ricardo Maduro se investigó la conducta del Fiscal General y el Fiscal Adjunto.
En la gestión de Rafael Callejas al Procurador General. En el Gobierno anterior, diputados, que pareciera que tienen doble moral, solicitaron mediante moción, que se nombrara una comisión para investigar la conducta administrativa del expresidente Zelaya”.
Aseguró, además, que “hay recursos de inconstitucionalidad desde 2009, 2010, 2011 y ¿qué es lo que nos extraña, no solo como diputados sino como ciudadanos? Que a la velocidad del rayo vienen a resolver causas que tienen dos o tres meses y el pueblo hondureño que tiene hace tres años esas causas, esos juicios ante las diferentes Salas, no se los resuelven. Entonces nos asalta una pregunta: ¿Existen clases privilegiadas en el país? ¿Existen intereses dentro del Poder Judicial? ¿La ley se aplica igual ante el pueblo hondureño?”.
Rodolfo Zelaya:
“Es una atribución que la Constitución de la República nos da”
Rodolfo Zelaya, diputado que presentó en el Congreso Nacional la moción para investigar la conducta administrativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dijo que el Poder Legislativo tiene las facultades para hacer dicha investigación.“Se estuvo analizando con algunos compañeros diputados y con algunos abogados y se dispuso poder presentar esta moción encaminada a revisar la conducta administrativa, según las atribuciones que el Congreso de la República tiene en el artículo 205, numeral 20.
Es una atribución que la Constitución de la República nos da y la Constitución está por encima de cualquier ley secundaria y estamos conscientes que tenemos la potestad y la obligación de hacerlo.
Y ¿por qué obligación?, pues porque nosotros consideramos que han existido algunos errores en la conducta administrativa de la Corte Suprema de Justicia que ha llevado prácticamente a una situación muy delicada en nuestro país y no podemos permitir que estas situaciones continúen pasando, porque entonces estaríamos obviando las atribuciones que son nuestras obligaciones, debemos hacerlas cumplir porque hemos jurado cumplir y hacer cumplir las leyes”.
Zelaya consideró que el problema es que se está politizando el tema.“Me da la impresión que ya están politizando el tema y creo que esto es muy delicado para el país. Cuando se intenta ya politizar un tema se mete el ingrediente de lo que va a hacer Ricardo Álvarez, de que solamente la Ley de Policía se declaró inconstitucional y es la Sala de lo Constitucional y esta Sala no solamente tiene que limitarse a una ley de Policía, tuvo que haber sido una sentencia a nivel nacional, con jurisdicción en todo el territorio nacional y para todos los hondureños y para todos los hondureño, pero ahí la sentencia dice exclusivamente la Ley Orgánica de la Policía”.
