Denuncian a Luis Redondo ante el MP por traición a la patria

La denuncia está relacionada con la renuncia de la consejera electoral Ana Paola Hall y fue presentada por la exjueza Karla Romero

Tegucigalpa.

Karla Romero, exjueza y actual candidata a diputada por el Partido Liberal, presentó este miércoles una denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos traición a la patria, en el contexto de la controversia generada por la renuncia de la consejera electoral Ana Paola Hall.

Romero explicó que la acción penal responde a la supuesta omisión deliberada por parte de Redondo al no convocar al pleno del Congreso Nacional para conocer la renuncia de Hall, decisión que, según ella, configura los delitos de suplantación de la soberanía popular, usurpación de funciones legislativas y traición a la patria, al incumplir con el procedimiento constitucional correspondiente.

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“La denuncia es por la no tramitación de una renuncia formal. La Constitución establece que los actos que contravengan la voluntad soberana del pueblo constituyen traición a la patria”, declaró Romero ante medios de comunicación.

Romero aseguró que el paso dado ante el Ministerio Público forma parte de un procedimiento interno necesario para agotar las vías nacionales antes de acudir a instancias internacionales. Añadió que, como profesional del derecho, su obligación es accionar legalmente conforme al marco establecido en el Código Procesal Penal, independientemente de si la Fiscalía da o no curso a la denuncia.

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La abogada, quien además funge como apoderada legal del precandidato presidencial Salvador Nasralla y como coordinadora de la comisión jurídica del Partido Liberal, también denunció recientemente al titular del Legislativo ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), por presunta persecución política en contra de Nasralla.

Romero subrayó que la decisión de Redondo de no someter al pleno la renuncia de Hall contraviene el artículo 2 de la Constitución, que establece que la soberanía reside en el pueblo y que cualquier acto contrario a ella constituye traición.

“Esperamos que se cumpla la ley. Los funcionarios públicos tienen el deber de cumplirla y hacerla cumplir”, concluyó.

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Redacción La Prensa
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