Más de 12 funcionarios del Poder Judicial fueron denunciados ante la Supervisión General de este poder del Estado, por haber cometido actos reñidos con la ley.
Entre las anomalías destacan: otorgamiento de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, que son contrarias a la reforma procesal que existe en relación al otorgamiento de medidas cautelares, además, el otorgamiento de garantías hipotecarias en las que se verificó que estas no fueron inscritas a favor del estado de Honduras.
Los profesionales denunciados ante la Supervisión General propiciaban la programación tardía de audiencias preliminares, que derivaban en el vencimiento de la prisión preventiva de los imputados, para lograr que una vez agotada la ampliación de seis meses, pudiera ponerse en libertad a los encausados.
La abogada Sandra Rodríguez, supervisora general del Poder Judicial, reveló que “estas denuncias comprenden los cinco despachos y también personal auxiliar que ha sido remitido para el proceso disciplinario correspondiente”, al referirse al Circuito en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
