Tegucigalpa, Honduras
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó este lunes, a través de su directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, una denuncia en contra de los funcionarios de la antigua Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
De una trama desarrollada durante el período 2010-2014, se acumula un supuesto perjuicio económico para el Estado de Honduras por un monto de L104,190,885 millones, producto de la suscripción de 24 contratos, 17 de los cuales fueron pagados con fondos públicos.
De acuerdo con la investigación del CNA, algunos de los socios de la empresa contratada por Soptravi para la ejecución de proyectos, “pertenecían a un grupo de criminalidad organizada”, que en la actualidad enfrentan cargos ante la justicia en el extranjero.
Entre los casos investigados destaca el de un proyecto para la pavimentación de calles ubicadas en el municipio de Tocoa, Colón, y cuyo contrato, de acuerdo con el CNA, fue fraccionado “de manera dolosa”, llegando a totalizar la suma de L13.4 millones, mientras que solo L1.7 millones fueron reportados, esto, indica el CNA, con el objetivo de aparentar el cumplimiento de las disposiciones presupuestarias vigentes entonces, las cuales estipulaban que las licitaciones no debían exceder los L1.8 millones.
En su informe, el CNA indica que investigó cada uno de los contratos, hallando casos en los que las obras que fueron pagadas con dinero público nunca fueron ejecutadas.
Castellanos denunció la colusión entre los funcionarios al frente de Soptravi, específicamente los asignados a la Dirección General de Carreteras y al menos dos empresas mercantiles, en una trama que terminó en un fraude contra la administración pública.
