La empresa estadounidense Honduras Próspera Inc y sus afiliados informó este martes de que han presentado una demanda hasta por 10.775 millones de dólares contra el Estado hondureño “para protegerse de las violaciones al derecho internacional y hondureño”.
“Honduras Próspera hizo todo lo razonablemente posible para evitar la presentación de las demandas, pero el Gobierno de Honduras sigue negándose a cooperar con nuestros continuos esfuerzos para encontrar una solución negociada dentro de un marco internacionalmente aceptado”, indicó la empresa en su página electrónica.
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La empresa acusadora opera en el país centroamericano bajo una polémica ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, conocidas como ZEDE, aprobada durante el Gobierno que presidió Porfirio Lobo (2010-2014), cuando entonces el titular del Congreso era Juan Orlando Hernández, quien después fue presidente de Honduras (2014-2022).
Desde el inicio las ZEDE fueron rechazadas por algunos sectores que consideran que esa ley, que fue derogada en abril de este año por el Parlamento, lesionaba la soberanía nacional.
“Dependiendo de cómo decida proceder el Gobierno de Honduras, la cuantía de los daños será de al menos varios miles de millones de dólares estadounidenses, y de hasta 10.775 millones de dólares si se pierde toda la inversión de los demandantes”, señaló Honduras Prospera.
Además, indicó que la solicitud de arbitraje presentada por Honduras Próspera y sus afiliadas bajo del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR), sirve para proteger una inversión estadounidense en Honduras”, y que “también da al Gobierno de Honduras la oportunidad de mostrar al mundo que maneja las disputas de inversión de forma razonable”.
Según la demandante, que el Gobierno de Honduras sea declarado responsable por la totalidad de los 10.775 millones de dólares dependerá sustancialmente de sus propias acciones.
“Honduras Próspera y sus afiliadas agradecerían que Honduras respete la garantía de estabilidad jurídica de 50 años que ofreció a los inversores estadounidenses en Prospera ZEDE”, añade el pronunciamiento de la empresa.
También expresó que el Gobierno de Honduras podría mitigar la sustancial responsabilidad a la que se enfrenta bajo el derecho internacional, si proporciona garantías claras de que Honduras no tiene intención de expropiar las inversiones en Próspera o bloquear la creación de decenas de miles de nuevos puestos de trabajo o cientos de millones de dólares en inversiones de nearshoring en Próspera” y que “Honduras Próspera y sus afiliadas siguen dispuestas a discutir una solución negociada”.
¿Negociación?
Al respecto, antes de que la empresa anunciara la demanda que ha presentado, el ministro de Desarrollo, Pedro Barquero, indicó que la ley de las ZEDE, que está derogada desde abril, como parte de una promesa de campaña de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, “era ilegal” porque violaba la Constitución y la soberanía nacional.
Barquero afirmó que no se ha podido dialogar con los ejecutivos de Honduras Próspera, porque al parecer exigían la firma de un documento, lo que el Gobierno no aceptaba.
Dijo además que los abogados del Gobierno recomendaron que no se firmara ningún documento, porque el país podría resultar afectado si el caso fuera llevado a un tribunal internacional.
El ministro también enfatizó que el Gobierno hondureño está dispuesto a reunirse con los ejecutivos de Honduras Prospera para encontrar una salida al problema y que pueda operar en el país de manera legal, porque la ley de las ZEDE ya no existe.
Las ZEDE fueron promovidas por Juan Orlando Hernández como una iniciativa que vendría a generar millonarias inversiones y miles de empleos.
