La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) recibió un nuevo revés de parte de los tribunales de la República, al declarar improcedente la incautación definitiva de dos propiedades ligadas al caso Pandora.
“Juez de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en lectura de fallo declararon sin lugar acción de privación definitiva de dominio, promovida por el ente acusador del Estado, referente a dos bienes ubicados en Islas de la Bahía, propiedad de Piettro Dibattista”, informó el Poder Judicial en un escueto comunicado.
Además, señala que el juez de privación –para emitir su resolución- estimó que el Ministerio Público no logró acreditar por parte del Ministerio Público, la pretensión extintiva por la falta de pruebas.
La notificación de sentencia fue programada por el juez para el 3 de febrero.
Pero, ¿quién es Pietro Dibattista?
Él es un inversionista italiano y cónsul honorario de Italia en Roatán quien en 2014, denunció que desde el Poder Ejecutivo se realizaron operaciones atípicas y no autorizadas a través de su Fudación Dibattista.
En ese sentido, la Fiscalía anticorrupción abrió una investigación y detectó que a través de la Fundación Dibattista se drenaron más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Agricultura y Ganadería, para sufragar gastos de campaña de los partidos Nacional y Liberal.
En este caso la Uferco acusó a 32 personas, entre ellas diputados, exdiputados y exfuncionarios públicos por su implicación en el drenaje de los millonarios fondos.
Sin embargo, la actual Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia les otorgó carta de libertad definitiva a la gran mayoría de los imputados.
El señor Dibattista nunca fue acusado en virtud de que fue una pieza clave para la Fiscalía para desenredar toda una madeja de corrupción alrededor del caso Pandora.
Comunicado del Ministerio Público
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), finalizó la etapa de conclusiones del juicio oral y público contra Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón por su supuesta responsabilidad en la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19 a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).
Para acreditar la culpabilidad del exdirector de INVEST-H y su ex administrador, quienes se encuentran recluidos y sobre los que ya recayó una primera condena por el caso Hospitales Móviles, el Ministerio Público aportó 32 medios de prueba (25 son documentales, cuatro periciales, dos incidentales y una declaración testifical).
Los otros cinco involucrados prófugos de la justicia en este caso son: el contador general de INVEST-H, Carlos Luis Guevara Mondragón, la especialista administrativo y financiero, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández y el propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero.
De acuerdo a lo que establece el requerimiento fiscal, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.
Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de INVEST-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra.
Además, la UNAF y la ATIC descubrieron que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, ya que una vez que INVEST-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.
Dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras (L.50,836,500.00) y luego por un valor superior a las 39 millones de lempiras (L. 39,396,000.00), siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. más de 37 millones de lempiras (L. 37,989,000.00).
Todos estos hechos, el Ministerio Público los ventiló en el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, órgano que fijó para el próximo jueves 26 de enero la notificación del fallo, el cual se espera sea condenatorio
