La última vez que la inmigración ilegal afloró como asunto candente en el debate nacional, el entonces gobernador de Texas George W. Bush dijo que su estado no permitiría abusos antiinmigrantes.
No hubo protestas airadas en las calles de Texas, como ocurrió en varias ciudades en California. Los políticos no lanzaron campañas retóricas contra la inmigración ni propuestas para negar servicios públicos a los hijos de inmigrantes ilegales.
Pero Bush ya no está en Texas, y con él se fue la noción de que el estado que tiene la frontera más larga con México era inmune de alguna forma a ese divisionismo.
En lugar de ello, Texas está envuelto ahora en el mismo fervor antiinmigrantes que se ha desbordado en el país, haciendo del estado un anfitrión de algunas de las propuestas más duras en la nación.
El suburbio de Dallas Farmers Branch se ha convertido en un experimento nacional sobre cuánto pueden actuar las municipalidades para castigar y expulsar a los inmigrantes ilegales, con su propuesta de penalizar el alquiler de viviendas a indocumentados.
Los programas radiales en Texas se han visto inundados con llamadas en las que personas se quejan de la existencia de banderas mexicanas en sus barrios y hablan en contra del gasto de fondos públicos para educar a inmigrantes que no hablan inglés.
Una ley presentada en la legislatura en Texas propone cortar asistencia pública a hijos de inmigrantes ilegales, incluyendo salud pública y educación. La medida es similar a la controversial Proposición 187 aprobada hace unos años en California.
Bush fustigó en aquel entonces la Proposición 187, diciendo que incluso los hijos de los inmigrantes ilegales merecen educación, y muchos dicen que si aún fuese gobernador la propuesta no sería aprobada aquí.
El gobernador Rick Perry ha dicho que se opone a la propuesta para eliminar servicios públicos a los inmigrantes ilegales, luego de una campaña de reelección en la que se pronunció por controles fronterizos más estrictos.
Otras leyes antiinmigrantes establecerían impuestos sobre los envíos monetarios a familiares en América Latina, pondrían fin a una política que permite a inmigrantes ilegales pagar lo mismo que los residentes legales en el estado por enseñanza universitaria y autorizaría al fiscal general de estado a demandar al gobierno federal por el dinero que Texas se gasta lidiando con la inmigración ilegal.
