Tegucigalpa, Honduras.
La Corte de Apelaciones anuló la medida de arresto domiciliario que una jueza había dictado en contra del empresario sampedrano Óscar Galeano y contra el líder obrero Luis Mayorga lo que obliga al Juzgado de Letras en Materia de Corrupción a emitir de nuevo una resolución al respecto, según información concedida este miércoles por la abogada defensora Ritza Antúnez.
La Corte de Apelaciones anuló la medida de arresto domiciliario que una jueza había dictado en contra del empresario sampedrano Óscar Galeano y contra el líder obrero Luis Mayorga lo que obliga al Juzgado de Letras en Materia de Corrupción a emitir de nuevo una resolución al respecto, según información concedida este miércoles por la abogada defensora Ritza Antúnez.
Para conocer si Galeano y Mayorga se defenderán en libertad, falta que la jueza dicte la nueva resolución.
La jueza había impuesto, a mediados de diciembre pasado, medidas sustitutivas distintas a la prisión a exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre estas cautelares y arrestos domiciliarios.
Antúnez dijo a Diario LA PRENSA que la decisión de la Corte de revertir el arresto domiciliario fue en base a que la jueza de la Sala de los Juzgados de Letras en Materia e Corrupción no fundamentó bien el arresto domiciliario contra Galeano y Mayorga, por lo que tendrá que volver a emitir una resolución al respecto.
'Bien le podrían dar de nuevo un arresto domiciliario bien fundamentado, o, como esperamos, medidas sustitutivas a la prisión, valorando el principio de igualdad porque a los demás imputados se les impusieron otras medidas', sostuvo Antúnez.
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Antecedentes.
La jueza había dictado arresto domiciliario con vigilancia policial para Luis Mayorga, Óscar Galeano y Leonardo Villeda.
En el caso de Javier Pastor y Carlos Montes Rodríguez determinó que seguirían presos, ya que guardaban ya prisión por otros procesos relacionados al IHSS.
Los otros siete implicados José Humberto Lara, José Hilario Espinoza, José Espinal Rodríguez, Óscar Arnaldo Carranza, Armando Villatoro, Fabricio Vásquez y Benjamín Bográn, quedaron con medidas sustitutivas con la obligación de presentarse a firmar un libro de control a un juzgado y la prohibición de no salir del país.
Los exdirectivos del Seguro Social son acusados por presunto fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado al aprobar la compra de equipo médico sobrevalorado en 114 %, según las autoridades.
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El caso, denominado 'Licitación Fraudulenta del Seguro Social', fue indagado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic) y expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Según la investigación, el Seguro Social hondureño 'no tenía capacidad de hacer la compra', pero la misma se hizo 'solo para favorecer a la empresa intermediaria Distribuidora Metropolitana (Dimesa)', que ha rechazado la acusación.
Según la investigación, en abril de 2011 los exdirectivos del Seguro Social aprobaron una licitación internacional para la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos y adjudicaron un contrato a la empresa Dimesa por 95,2 millones de dólares.
