Las elecciones generales de 2025 en Honduras movilizarán a las Fuerzas Armadas, que desplegarán la mayor parte de sus efectivos para custodiar el material electoral y garantizar la seguridad en los centros de votación.
Debido a ese involucramiento operativo, el Poder Judicial decidió modificar su metodología de trabajo en algunas áreas antes y después de los comicios. Las audiencias judiciales serán virtuales durante el proceso electoral.
Los elementos de las Fuerzas Armadas son los que encargan de custodiar y trasladar a las personas privadas de libertad, desde los distintos centros penales hasta los tribunales de justicia en todo el país. Por su participación en el proceso electoral, dicho traslado sería difícil de realizar.
Mario Díaz, magistrado de la Sala Penal, confirmó la determinación adoptada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Sí, efectivamente, nosotros hemos considerado prudente que la virtualidad sea la que se imponga en este momento como medio de resolver las agendas donde hay personas privadas de libertad que deben comparecer”, afirmó.
La decisión establece que todas las audiencias programadas para la presente semana y las semanas posteriores a las elecciones generales se desarrollarán de forma virtual.
Díaz explicó que lo resuelto se debe a que “estamos en una justa electoral en donde las Fuerzas Armadas, que son las que tienen el control de los centros penitenciarios a través de la Policía Militar del Orden Público, están abocadas a apoyar el proceso electoral con su infraestructura y sus vehículos; por ende, sería problemático para ellos atender las necesidades de los privados de libertad que deben viajar para estar en sus audiencias”.
Para evitar que se suspendan audiencias de término —como declaración de imputado, inicial y preliminar—, la alternativa será realizarlas mediante comunicación por internet.
“No podemos paralizar el Poder Judicial. Las audiencias no pueden detenerse y, siendo que contamos con legislación relativa al uso de la audiencia virtual, así como con la capacidad instalada para desarrollarla, esto permitirá que no haya ninguna paralización de actividades”, acotó el magistrado Díaz.