Tegucigalpa, Honduras. La Corte de Apelaciones designada autorizó temporalmente al viceministro de Contingencias Nacionales y Gestión de Riesgos de Copeco, Nelson Márquez, a salir de Honduras para cumplir con compromisos laborales en el extranjero.
La decisión fue adoptada el martes durante una audiencia de revisión de medidas, en la que el órgano jurisdiccional aceptó de manera parcial la solicitud presentada por la defensa del funcionario.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que la medida de prohibición de salida del país quedará suspendida de forma temporal para permitir que Márquez realice el viaje de trabajo.
“Se le ha dado un espacio de tiempo prudencial para salir del territorio nacional”, señaló Silva al referirse a la resolución emitida por la Corte de Apelaciones.
De acuerdo con la decisión judicial, la autorización tendrá vigencia del 18 al 25 de octubre, período durante el cual Márquez podrá permanecer fuera del territorio hondureño.
Una vez concluido ese plazo, la prohibición de salida del país se reactivará de manera automática, por lo que el funcionario deberá regresar a Honduras al finalizar su compromiso laboral.
El proceso judicial que enfrenta Márquez
Márquez enfrenta un proceso judicial relacionado con una investigación del Ministerio Público por un supuesto fraude contra el Estado hondureño que supera los 3,084 millones de lempiras, mediante demandas, contratos y actuaciones judiciales cuestionadas por la Fiscalía.
Según el requerimiento fiscal, los hechos investigados tienen su origen en contratos suscritos después del paso del huracán Mitch en 2000, cuando el Estado adjudicó un proyecto a la empresa estadounidense DRC Inc., que posteriormente subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (Nainsa).
El Ministerio Público sostiene que años después se promovieron demandas contra el Estado sustentadas en un laudo arbitral que, según la acusación, no había sido homologado por la Corte Suprema de Justicia.
La investigación también señala actuaciones de Márquez cuando se desempeñaba como secretario de Sedecoas. Según la Fiscalía, en enero de 2020 remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba suscribir un acuerdo para evitar una mayor erogación de recursos públicos.
Un mes después, Sedecoas y Nainsa suscribieron un convenio extrajudicial que contemplaba pagos millonarios, mientras posteriormente se promovieron nuevas acciones judiciales relacionadas con el mismo caso.
La Fiscalía sostiene que algunos jueces continuaron ordenando pagos pese a resoluciones que cuestionaban la validez del laudo arbitral.
La autorización para viajar no modifica de manera permanente las medidas cautelares impuestas a Márquez, sino que establece una suspensión temporal de la prohibición de salida durante las fechas fijadas por la Corte de Apelaciones.
