Tegucigalpa, Honduras.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió ayer un recurso de inconstitucionalidad en contra del convenio firmado entre el Estado de Honduras y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras ( Maccih).
El recurso fue interpuesto por el abogado Juan Carlos Sánchez el pasado 6 de marzo. Cabe recalcar que Sánchez fue el abogado defensor de los cinco exdiputados implicados en el “subsidiazo”, en el que fueron acusados por mal manejo de fondos públicos.
La admisión no significa que hubo un fallo en torno al recurso, sino más bien que este cumplió con todos los requisitos de ley para ser conocido por los magistrados que conforman la Sala Constitucional.
El recurso será remitido al Congreso Nacional y en un plazo de cinco días hábiles este poder del Estado enviará los antecedentes del proceso de ley impugnado con un informe del mismo.
Además, el Ministerio Público tendrá seis días hábiles para emitir el correspondiente dictamen sobre el decreto legislativo 23-2016 emitido el 7 de abril de 2016, que ratificó el convenio entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Sala de lo Constitucional está integrada por los magistrados Lidia Álvarez -quien es su presidenta-, Edwin Ortez, Reina Auxiliadora Hércules, Jorge Alberto Zelaya y Jorge Abilio Serrano.
El recurso señala que la Maccih ha suplantado el accionar de la persecución pública en Honduras, que corresponde al Ministerio Público. Al hacer un análisis exhaustivo del recurso, los magistrados emitirán un fallo ratificando el convenio o en su defecto declarándolo inconstitucional, lo que dejaría sin valor y efecto a la Maccih.
El 19 de enero de 2016, el Estado de Honduras firmó con la OEA el convenio que daba creación a la Maccih.
Mientras que el 29 de marzo, el Congreso Nacional aprobó el convenio.
El objetivo principal del convenio es apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.
Hasta ahora, las autoridades de la Maccih de la OEA no se han pronunciado sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto el 6 de marzo por el abogado Juan Carlos Sánchez.
Reacción
Para Edmundo Orellana, exfiscal general de la República, “esta es una decisión que causará un daño al país, a la imagen y al Gobierno porque supuestamente llamó a la OEA para que viniera acá”.
Añade: “Habrá que ver si hay intereses legítimos para admitir ese recurso sobre el convenio de la Maccih, ese convenio que viene a contribuir con el Ministerio Público, con el Poder Judicial en la investigación criminal, no tiene nada que ver con la acción de los particulares”.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió ayer un recurso de inconstitucionalidad en contra del convenio firmado entre el Estado de Honduras y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras ( Maccih).
El recurso fue interpuesto por el abogado Juan Carlos Sánchez el pasado 6 de marzo. Cabe recalcar que Sánchez fue el abogado defensor de los cinco exdiputados implicados en el “subsidiazo”, en el que fueron acusados por mal manejo de fondos públicos.
La admisión no significa que hubo un fallo en torno al recurso, sino más bien que este cumplió con todos los requisitos de ley para ser conocido por los magistrados que conforman la Sala Constitucional.
El recurso será remitido al Congreso Nacional y en un plazo de cinco días hábiles este poder del Estado enviará los antecedentes del proceso de ley impugnado con un informe del mismo.
Además, el Ministerio Público tendrá seis días hábiles para emitir el correspondiente dictamen sobre el decreto legislativo 23-2016 emitido el 7 de abril de 2016, que ratificó el convenio entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Sala de lo Constitucional está integrada por los magistrados Lidia Álvarez -quien es su presidenta-, Edwin Ortez, Reina Auxiliadora Hércules, Jorge Alberto Zelaya y Jorge Abilio Serrano.
El recurso señala que la Maccih ha suplantado el accionar de la persecución pública en Honduras, que corresponde al Ministerio Público. Al hacer un análisis exhaustivo del recurso, los magistrados emitirán un fallo ratificando el convenio o en su defecto declarándolo inconstitucional, lo que dejaría sin valor y efecto a la Maccih.
El 19 de enero de 2016, el Estado de Honduras firmó con la OEA el convenio que daba creación a la Maccih.
Mientras que el 29 de marzo, el Congreso Nacional aprobó el convenio.
El objetivo principal del convenio es apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.
Hasta ahora, las autoridades de la Maccih de la OEA no se han pronunciado sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto el 6 de marzo por el abogado Juan Carlos Sánchez.
Reacción
Para Edmundo Orellana, exfiscal general de la República, “esta es una decisión que causará un daño al país, a la imagen y al Gobierno porque supuestamente llamó a la OEA para que viniera acá”.
Añade: “Habrá que ver si hay intereses legítimos para admitir ese recurso sobre el convenio de la Maccih, ese convenio que viene a contribuir con el Ministerio Público, con el Poder Judicial en la investigación criminal, no tiene nada que ver con la acción de los particulares”.
