El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en su informe La sangre llama... y contrata, denunció que la "manipulación y el control de los procesos de licitación de compras menores en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización permitieron que grupos familiares accedieran a millonarios fondos públicos con una apariencia de legalidad".
La organización reveló una red de corrupción institucionalizada que operó entre 2022 y 2024 en la Secretaría de Gobernación, mediante la cual se adjudicaron contratos por 13,710,250.73 lempiras a empresas vinculadas con lazos familiares a funcionarios de alto rango.
Las figuras centrales del caso son Jackeline Lizzette Pinto, exgerente administrativa, y Fredis Naúl López Escober, exsubgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Ambos fueron señalados por usar su cargo para beneficiar económicamente a familiares mediante adjudicaciones que no cumplían con la normativa de contratación.
En el caso de López Escober, cinco empresas contratadas por la Secretaría de Gobernación tenían como socios a su esposa, hermanos, sobrinas, hija e incluso su yerno. Su doble función como subgerente y coordinador de servicios generales le otorgaba influencia directa sobre los comités que adjudicaban compras menores, lo que permitió manipular procesos a favor de su entorno familiar.
Pinto, por su parte, habría favorecido a dos empresas en las que participaban su esposo, su cuñada y su yerno.
Prácticas corruptas
El CNA afirmó que al menos ocho empresas relacionadas con ambos funcionarios recibieron contratos de compras menores por el monto ya citado.
Uno de los hallazgos clave fue la simulación de competencia entre oferentes. Aunque se presentaban tres propuestas, como exige el reglamento, dos eran descartadas sistemáticamente por no presentar documentación completa, dejando el camino libre a una tercera empresa vinculada con los funcionarios.
"En las compras menores que analizó el CNA, dos de los tres oferentes que participaban eran descalificados por documentación incompleta, y la compra se adjudicaba a la empresa que sí cumplía, vinculada con los funcionarios investigados", indica el informe.
Este mecanismo técnicamente válido encubrió una estructura diseñada para desviar fondos estatales hacia un círculo familiar.
El CNA clasificó las prácticas corruptas en tres categorías:
Colusión entre oferentes con vínculos familiares con los funcionarios, desinterés deliberado por parte de algunas empresas para cumplir requisitos, como parte del acuerdo y control artificial de precios, derivado de la ausencia de competencia real.
Esta estructura permitió adjudicar contratos sin cuestionamientos aparentes, bajo una apariencia de legalidad. El CNA concluye que hay indicios suficientes para presumir la comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, según el Código Penal.
Como resultado, la organización presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Jackeline Pinto y Fredis López Escober, solicitando la apertura de una investigación penal.
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