El Congreso Nacional derogó este martes por unanimidad de votos la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional después de convertirse en una herramienta para ocultar la información.
Se espera que con esta derogación se desmonte el blindaje que impedía la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, dijo que “la Ley de Secretos fue el amparo de los que cometían actos de corrupción descarada en Honduras”.
Una vez que se sancione por el Poder Ejecutivo el decreto de la abolición de esta normativa y se promulgue en el diario oficial La Gaceta, se hará pública toda información que se clasificó como reservada en donde los titulares de las instituciones estatales, ya sean centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y demás obligadas pedirán catalogar los conjuntos de datos confidenciales ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Así quedó el artículo dos del dictamen que fue ampliamente discutido y cuya redacción se mejoró a sugerencia de la diputada del Partido Liberal, Kritza Pérez, la cual fue aceptada por la comisión dictaminadora del decreto con el que se suprime este polémico marco legal.
“Se ordena a partir de la fecha de la entrada en vigencia del presente decreto queda desclasificada toda información que haya sido clasificada como reservada en aplicación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional.
Los titulares de las instituciones obligadas deberán a partir de la vigencia del presente decreto elevar la petición de clasificación de información como reservada ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, tal como lo determina la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus reglamentos”, subraya la disposición.
El legislador del Partido Nacional, Mario Pérez, solicitó que también se procediera a derogar los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública que reservan documentos por un término de 10 años, pero no se tomó a consideración su planteamiento.
El artículo tres del dictamen que fue respaldado por unanimidad establece que cualquier ciudadano o grupo social interesado en obtener información que se le fue denegada por estar en reserva podrá comparecer ante las instituciones públicas para volver a solicitarla.
