Tras cumplirse los primeros 60 días de gestión del nuevo gobierno, la expectativa económica del país se traslada al ámbito legislativo.
El Congreso Nacional se mantiene a la espera de que el Poder Ejecutivo remita, la próxima semana, el proyecto reformulado del Presupuesto General de la República, un documento clave que servirá como hoja de ruta financiera para el ejercicio fiscal 2026 y que permitirá destrabar la operatividad de diversas secretarías de Estado.
El instrumento, que debe ser discutido y aprobado en el Consejo de Ministros, busca ajustar las proyecciones de ingresos y egresos a la realidad económica actual del país.
Según fuentes parlamentarias, esta reformulación responde a la necesidad de “sincerar” las cifras y priorizar proyectos con impacto directo en la ciudadanía, tras el cambio de administración que ha ralentizado algunos procesos.
Eder Mejía, diputado del Congreso Nacional, afirmó que la llegada de este documento es una prioridad que no puede postergarse más allá de la próxima semana.
El parlamentario señaló que el Legislativo está listo para abrir espacios de socialización con las distintas fuerzas políticas y sectores de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar un presupuesto equilibrado y transparente.
“Es importante señalar que estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe el presupuesto reformulado al Congreso Nacional, para que podamos socializarlo, discutirlo y aprobarlo”, manifestó Mejía.
El retraso en la entrega del borrador tiene sus raíces en una transición de mando que el legislador calificó como atípica.
La falta de un traspaso de información fluido durante diciembre y enero obligó al equipo económico del actual gobierno a redoblar esfuerzos para diagnosticar el estado de las finanzas públicas antes de presentar una propuesta definitiva.
Mejía recordó que fue a solicitud del presidente de la República que se pidió un compás de espera para realizar estas correcciones. El objetivo es que el presupuesto 2026 esté diseñado “a la medida” de la capacidad de financiamiento del país, evitando el sobreendeudamiento y asegurando respaldo real en los ingresos estatales.
“Se nos pidió dar espacio al Poder Ejecutivo para reformular el presupuesto y ajustarlo a lo que realmente se puede financiar”, agregó Mejía.
La urgencia de su aprobación radica en el freno operativo que enfrentan varias dependencias del Estado. Sin un presupuesto vigente, las secretarías carecen de base legal para realizar contrataciones, ejecutar proyectos de infraestructura o adquirir insumos básicos.
Lo discutirán después de Semana Santa
A pesar de que han transcurrido dos meses desde la instalación del gobierno, en el Congreso predomina el optimismo sobre la celeridad del trámite una vez que el documento sea remitido.
Se prevé que los debates sean intensos, especialmente en las partidas destinadas a salud, educación y seguridad, sectores que demandan una inyección inmediata de recursos.
“Esperamos que, después de Semana Santa, el proyecto pueda ser enviado para discutirlo y aprobarlo, ya que hay secretarías que necesitan claridad presupuestaria”, explicó Mejía.
El diputado reconoció que este escenario obliga a la administración a trabajar con mayor rapidez para recuperar el tiempo perdido durante la transición. El compromiso es que, de ser recibido en los próximos días, el Congreso podría aprobar el presupuesto antes de que finalice abril.
Mientras tanto, el borrador del presupuesto 2026 continúa en revisión en Casa Presidencial, donde se afinan los detalles de una planificación que marcará el rumbo económico del país en los próximos años. “Este retraso obliga al Poder Ejecutivo a redoblar esfuerzos para cumplir con los proyectos contemplados en el presupuesto”, concluyó Mejía.
Cabe recordar que, a finales de febrero, el Ejecutivo anunció un ajuste a las finanzas públicas, proyectando una reducción del Presupuesto General para 2026 a aproximadamente 430 mil millones de lempiras.
Este monto representa un recorte cercano a 39 mil millones en comparación con los 469 mil millones aprobados en septiembre de 2025, con el objetivo de alinear el gasto a la capacidad real de recaudación del país.
