El Congreso Nacional se reúne este lunes
para conocer y aceptar las
elección del nuevo Fiscal General de la República, pero antes se hará una amplia consulta pública con todos los sectores de la sociedad involucrados en el tema.
Señaló que pretenden ser muy cuidadosos en la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público y para no cometer errores se someterá a un amplio consenso con la Corte Suprema de Justicia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Colegio de Abogados y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Adelantó que existe el criterio de permitir que la Junta Interventora termine el plazo de 45 días que le otorgó el Poder Legislativo para concluir su trabajo en esa institución. Mientras tanto se trabajará con los representantes de la sociedad civil en la concertación de una nueva ley del Ministerio Público y en escoger a los candidatos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República.
No hay que apurarse
En las fuerzas políticas prima el criterio de que la elección del Fiscal General debe ser un proceso transparente e incluyente, en el que participe toda la sociedad para no cometer los mismos errores que han llevado a esa institución a la inoperancia actual en el combate contra el delito.
German Leitzelar, abogado y diputado pinuista, indicó que este lunes solo se conocerán y aceptarán las renuncias de ambos exfiscales y posteriormente se convocará a la Junta Proponente que se encargará de escoger a los candidatos a Fiscal General y Fiscal Adjunto, de conformidad con la ley.
La aceptación de la renuncia de ambos funcionarios implicará la aceptación de las dos terceras partes de los miembros del Legislativo. Esta comisión proponente tendría un plazo de 30 días a partir de la fecha de su integración para presentar a los cinco aspirantes a ambos cargos, pero aclaró que sería solo para terminar el período de Rubí y Urtecho.
“Ahí vendrá la discusión de si seguirá ese trámite antes de que venzan los 45 días que se le extendieron a la Comisión Interventora para conocer su informe final y las recomendaciones que hará”, afirmó.El jurista explicó que con base en la Ley vigente del Ministerio Público compete elegir un Fiscal General y un Fiscal Adjunto para que terminen los ocho meses del período que les quedaban a Rubí y Urtecho, pero si el Congreso opta por elegir a las autoridades por los próximos cinco años, habría que hacer una reforma en la legislación.
“Este lunes es fundamental para que el pleno conozca las renuncias y las acepte. Una vez aceptadas no es obligatorio nombrar un nuevo Fiscal ahí mismo porque la Junta Interventora está en funciones y a ella se le vence el plazo a finales de julio”, aseveró.
Leitzelar comentó que una vez cumplidas esas formalidades se debe actuar con calma para evaluar y analizar si se debe nombrar a funcionarios que vengan solamente a concluir el período o proceder a reformar la ley para escoger a las nuevas autoridades por el tiempo que establece la ley.
“Yo esperaría que venzan los 45 días de la Junta Interventora porque no hay urgencia de nombrar un Fiscal a la carrera”, dijo.
Indicó que la ley permite que en ausencia del Fiscal General y del Fiscal Adjunto los sustituya el director de fiscales, “mientras las cosas se hacen con calma”.
Debe socializarse elección
José Alfredo Saavedra, exjefe de la bancada del Partido Liberal y expresidente del Congreso, opinó que no se debe correr en la elección del nuevo Fiscal General de la República, sino darles participación a todos los sectores de la sociedad por tratarse de un tema muy delicado.
El parlamentario consideró que no es saludable para el país y la institución que el Congreso Nacional se apresure a nombrar a un nuevo Fiscal, especialmente en un año marcado por la política electorera.
Consideró que las reformas en la Ley del Ministerio Público deben contar con la participación de los sectores organizados del país para que sea el resultado de un pacto social.
