22/05/2024
01:35 AM

Congreso citará a titular de la DEI para explicar cierres

Tegucigalpa, Honduras.

El conflicto entre empresarios y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) por el cierre de negocios se agudizó ayer, por lo que el Congreso Nacional citará en los próximos días a Miriam Guzmán, titular de la DEI, para que explique las medidas adoptadas.

Gabriela Núñez, miembro de la Comisión Legislativa de Presupuesto, anunció que retomarán las reformas al Código Tributario, pero antes conversarán con la ministra Guzmán respecto a varios temas.

La parlamentaria explicó que desde septiembre introdujo una iniciativa para que el Registro Tributario Nacional (RTN ) no pueda ser utilizado para bloquear la actividad económica del país.

Asimismo, el otro proyecto va encaminado a que la aplicación del impuesto sobre la renta (ISR) sea un ajuste quinquenal en relación con la inflación de 2010 a 2014 y no solo 2014, como lo está aplicando actualmente la entidad recaudadora.

Agregó que otro punto se refiere a la Ley de Precios de Transferencias, en la cual a través del reglamento se han incorporado otras obligaciones o ámbitos de aplicación que no están en la ley.

“La recomendación del presidente del Congreso es que invitemos a ella (Miriam Guzmán) a la Comisión de Finanzas y Presupuesto para dialogar de estos temas antes de cualquier otra acción. Hay muchos puntos que nos preocupan en cuanto a lo macroeconómico”, exteriorizó.

En ese orden, reconoció que los procedimientos de la DEI para el cierre de negocios no han sido los correctos y ante cualquier cambio en la administración tributaria se requiere de educación y promover más las modificaciones.

Foto: La Prensa



Malestar

Ayer, el sector privado continuó objetando las acciones de la DEI por clausurar sin aviso intempestivamente los negoocios en diferentes ciudades del país.

Asimismo, mediante un comunicado público, los empresarios demandaron que el Estado sea garante de la libre empresa y como tal fomentar las libertades de consumo, inversión, comercio e industrias.

Acusan que las actuaciones de la DEI son contrarias al discurso que el Gobierno promueve para atraer la inversión al país; a esto se suma el bloqueo de RTN, atraso en las aduanas, falta de simplificación administrativa y un sistema tributario deficiente, apunta el documento.

Jimmy Daccarett, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), manifestó que los más afectados con las decisiones de la DEI son la pequeña y mediana empresa hondureña.

“Deben entender que las leyes tributarias deben modificarse. Lo que queremos es una simplificación tributaria, y no es correcto que anden cerrando negocios por cosas que no”, apuntó. De igual manera, Pedro Barquero, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) reafirmó ayer después de una reunión con todos los empresarios, que el sector se mantiene unido ante las actuaciones del Gobierno.

En esa medida, dijo que se puso a disposición de los afectados a asesores legales en las diferentes cámaras de comercio para poner de nuevo en operación los negocios clausurados.

A la vez informó que están ofreciendo las instalaciones de las diferentes cámaras para poder capacitar de nuevo al sector empresarial respecto a la facturación.

“Lo que vemos es que el empresariado está nervioso, hay estrés y preocupación y consideramos que eso no es favorable para generar negocios y empleos. Hay que dar confianza”, instó.

Sanciones

Ángela Madrid, gerente general de la DEI, ofreció un informe ayer respecto a las facturas irregulares de los negocios que fueron cerrados por la entidad, aduciendo que estos documentos no cumplían con los requisitos.

“En los establecimientos que hemos visitado no se estaba emitiendo un documento fiscal autorizado por la DEI, por lo tanto, no se puede ignorar el contenido de la ley”, expresó.

Denunció que varios establecimientos grandes de la capital y la zona norte del país entregan prefacturas, lo cual no es un documento autorizado e incumplen con el nuevo sistema de facturación electrónica.

Además, expuso que si las facturas no tienen los requisitos necesarios, la DEI puede supervisar las imprentas autorizadas, y si no están emitiendo el documento correcto se suspenderán sus operaciones.

Para el caso, ya están en proceso de suspensión dos imprentas y cinco en investigación. Ante los señalamientos de los empresarios que los agentes de la DEI llegan armados y con agentes de seguridad, Madrid justificó que es para resguardar la integridad de los empleados por la amenazas que han recibido.

Agregó que darán a conocer un video que fue grabado en Utila, donde “nuestros compañeros fueron amenazados de muerte y que está constatado en ese video; además, tuvieron el atrevimiento por los medios sociales cuya captura de pantalla está en poder de la DEI”.

Anunció que están preparando la denuncia formal contra ese contribuyente que amenazó al empleado por hacer el proceso de inspección que inició hace varias semanas.