Ante el reclamo de los productores de palma africana afectados por la escalada de invasiones en el Bajo Aguán para que el presidente Porfirio Lobo ponga orden en la zona, el gobernante aseguró ayer que el conflicto no solo es por tierras, sino por el crimen organizado.
Ver especial: fuera de control y se debe actuar”, expresó Roger Pineda, representante de Dinant.
Sin decreto
Si algo limita a la Fuerza de Tarea Xatruch II y la Operación Relámpago para operar en la margen izquierda del Aguán es la falta de publicación del decreto de desarme en el diario oficial La Gaceta.
“La limitante que tenemos es que el decreto no se ha publicado en La Gaceta para que de esa manera actuemos. Estamos trabajando en el área, además de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Estamos esperando ese asidero legal para empezar los registros de las personas, para que no porten y circulen armas en el departamento de Colón y específicamente en la zona Aguán”, informó René Osorio, jefe de las Fuerzas Armadas.
Informó que en el último incidente donde perdieron la vida tres campesinos se demuestra la presencia de armas de alto poder de los grupos armados que están en las fincas.
“Es importante que la población se dé cuenta de que estos
incidentes en el Aguán demuestran que hay armas en el sector. Queda comprobado, tenemos información de que las personas fallecidas el jueves tienen impactos de 7.62, que pueden ser AK o pueden ser FAL”, indicó Osorio.
Desalojos
Otra de las acciones legales que esperan las autoridades son las órdenes de desalojo para las fincas invadidas desde junio que no han sido emitidas por los juzgados de Tocoa y Trujillo.
“Estamos esperando para proceder con los fiscales y los jueces que den la autorización para hacer los desalojos en las fincas, los allanamientos de la gente que ya tenemos documentados como sospechosos y proceder con las órdenes de captura”, apuntó el jefe de las Fuerzas Armadas.
Osorio informó que se trabaja mientras llegan las acciones legales en los retenes en el sector con patrullas móviles, pero poco asegura se puede hacer si la mayor parte de los ataques se genera en el interior de las fincas.
“Los incidentes se generan en fincas que ellos mismos se han tomado por aspectos del tráfico de la droga, del robo de la droga, entiendo, y por liderar algunas zonas. La muerte de Gerardo Argueta y Marvin Tróchez fue un enfrentamiento armado entre ellos; perdieron la vida y se dieron heridos en el ataque. Eso nos limita a los patrullajes motorizados, patrullajes en las entradas de la finca.
Esperamos las órdenes de desalojo, pero eso le corresponde a la Corte, donde a través de los jueces y con la inspección de los fiscales procederemos con la Policía para desalojar a la gente que se ha tomado de forma ilegal la finca”, aseguró el general.
Los contingentes militares y policiales desde la semana anterior se han reforzado. Hay 600 hombres listos para tomar las acciones que los superiores indiquen cuando tengan los respaldos legales para operar.
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