09/05/2022
12:01 AM

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Condenan a 11 años y 11 meses de prisión a gerente de Ciudad del Ángel

José Santos Arias Chicas fue condenado por el resonado caso del fracaso habitacional que afectó a alrededor de 200 familias.

Tegucigalpa, Honduras.

Este miércoles se condenó a 11 años y 11 meses de prisión al gerente del proyecto habitacional Ciudad del Ángel, José Santos Arias Chicas, por el resonado caso que data desde 2013, cuando varias residencias comenzaron a colapsar.

Arias Chicas, de 77 años de edad, fue hallado culpable del delito de estafa agravada continuada contra 53 víctimas, propietarias de residencias en esa zona aledaña a la capital Tegucigalpa.

Había sido declarado culpable el 8 de septiembre de 2021, tras librar sendos juicios por el escándalo habitacional, que, incluso, lo llevaron a huir a España, de donde fue extraditado en diciembre de 2020.

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En contra del ahora sentenciado, se señaló igualmente la declaratoria de responsabilidad civil, que a criterio del Ministerio Público podría oscilar entre 50 y 200 millones de lempiras apropiados.

Aunado a este delito, a Arias Chicas también se le sindica por otra causa judicial, la del delito de desobediencia, por incumplir su arresto domiciliario y escapar, justamente, a España.

Durante el juicio oral y público en el caso Ciudad del Ángel, se presentaron 64 medios probatorios, de estos, 32 declaraciones testificales de las 53 víctimas y 24 medios de pruebas documentales que se constituían en expedientes de licencias ambientales e inspecciones, entre otros.

Relacionada: Arias Chicas es extraditado desde España por caso Ciudad del Ángel

Producto de las diligencias investigativas se logró establecer que en el año 2005 la empresa Bienes y Raíces Arias presentó solicitud de licencia ambiental a la extinta Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), a través de la Unidad de Gestión Ambiental UGAM de la AMDC, donde trabajaban Nelson Abdalah Ghawi y José Valery Boris Espinal Ponce (también condenados).

Este licenciamiento implicó además la participación de Darío Alberto Mejía Valdivieso (igual condenado) y que se dio para 193 viviendas, de las cuales unas 150 están destruidas, siendo aprobado en junio del 2006, previa firma de Contrato de Medidas de Mitigación.

Producto de la tramitación de esta solicitud se realizaron una serie de inspecciones y se obtuvieron diferentes opiniones técnicas o dictámenes, mismos que evidenciaron el riesgo que técnicamente suponía la construcción del proyecto habitacional, cabe señalar que según el Convenio en referencia sería la UGAM la encargada de dar control y seguimiento a los contratos de medidas de mitigación.

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Entre otros planteamientos expuestos en la acusación, los Fiscales sostienen que “durante tuvo vigencia la licencia ambiental, ambas instancias tanto la SERNA como la AMDC no hicieron el control y seguimiento a que estaban obligadas, así mismo, ninguna de las dos instituciones a través de los departamentos correspondientes exigió a los desarrolladores del proyecto la presentación de los informes que debían proporcionar semestralmente de conformidad al contrato de medidas de mitigación”.

La causa además expuso que “el proyecto fue ampliado sin solicitar el respectivo permiso ambiental”, también se destaca que ex funcionarios de la Alcaldía se excedieron en el uso de las facultades que la Ley les impone al autorizar supuestamente de forma irregular las licencias de obra para construir viviendas unifamiliares, entretanto, dos de los acusados emitieron dictámenes sin cerciorarse del contenido de documentos importantes como el Mapa Geológico, el Diagnóstico Ambiental Cualitativo y el Informe Hidrológico de COHISA.

Entre otros planteamientos expuestos en la acusación, los Fiscales sostienen que “durante tuvo vigencia la licencia ambiental, ambas instancias tanto la SERNA como la AMDC no hicieron el control y seguimiento a que estaban obligadas, así mismo, ninguna de las dos instituciones a través de los departamentos correspondientes exigió a los desarrolladores del proyecto la presentación de los informes que debían proporcionar semestralmente de conformidad al contrato de medidas de mitigación”.

La causa además expuso que “el proyecto fue ampliado sin solicitar el respectivo permiso ambiental”, también se destaca que ex funcionarios de la Alcaldía se excedieron en el uso de las facultades que la Ley les impone al autorizar supuestamente de forma irregular las licencias de obra para construir viviendas unifamiliares, entretanto, dos de los acusados emitieron dictámenes sin cerciorarse del contenido de documentos importantes como el Mapa Geológico, el Diagnóstico Ambiental Cualitativo y el Informe Hidrológico de COHISA.