En el Congreso Nacional se anunció ayer que en este febrero se aprobará una ley que someterá a los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Las amenazas del Ejecutivo y del mismo Congreso Nacional de regular la libertad de prensa se concretarán con esta nueva ley que marca una nueva etapa en la libertad de expresión en Honduras.
Mugrienta de estar engavetada, la nueva Ley de Telecomunicaciones por fin será aprobada, pero con algunas variantes: incluirá bajo su competencia a los medios de comunicación impresos y electrónicos.
Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso Nacional, reveló ayer que cada medio de comunicación quedará regulado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; en tanto, como medio de información será regido por la Ley de Emisión del Pensamiento.
El diputado advirtió que este será un tema fuerte de discusión en el Poder Legislativo y dejó entrever que el nombramiento de nuevos comisionados de Conatel lleva un mensaje para los medios de comunicación que se exceden con la libertad de prensa. “El nombramiento lleva misión de que no le tiemblen las patas -como dicen en mi pueblo- para que apliquen la ley, ante la presión que van a tener de distintos sectores cuando se democraticen las frecuencias y cuando se revisen los contenidos de lo que tiene que ver con lo que se transmite al pueblo hondureño”.
Quitarán frecuencias
Agregó que se trata de “democratizar” el espectro radioeléctrico en televisión, radio y prensa escrita.
“Se incorporarán en el tema de las comunicaciones la prensa escrita, como revistas, periódicos impresos y periódicos digitales. Estos pasarán a ser competencia de Conatel… como medio de comunicación queda bajo Conatel, pero como medio de información se aplicará la Ley de Emisión del Pensamiento”, señaló.
El diputado dijo además que “en las zonas rurales hay bandas de AM y FM, allí hay unos 30 propietarios que tienen un montón de frecuencias asignadas y no las usan; entonces se les quitarán y se les asignarán a otras gentes que las puedan operar, como alcaldías, ONG y organizaciones sociales de las comunidades”.
