La comunidad garífuna de San Juan y Tornabé, de la ciudad de Tela, pidió este lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de Honduras respete sus derechos a los territorios ancestrales.
El caso ante la Corte se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado hondureño por la presunta falta de protección de las tierras ancestrales de la comunidad garífuna.
La testigo de las presuntas víctimas, Esmeralda Arzú, dijo en sus declaraciones que los territorios son importantes porque ahí se encuentran sus viviendas, sus sitios de trabajo, títulos culturales, la tierra, el mar y la laguna.
“Todo lo que está dentro del territorio es importante para la comunidad, de ahí sacamos para nuestra alimentación”, dijo.
“Hemos tenido conflictos desde hace mucho, hemos tenido conflictos con terceros que están dentro de nuestro territorio, pero los conflictos son más grandes desde la ampliación del casco urbano. Eso pasa porque se le da derecho a los terceros encima de nosotros, los garífunas, porque no nos escuchan a nosotros”, afirmó Arzú.
La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumenta que si bien en el año 2000 el Instituto Nacional Agrario otorgó un título reconociendo una porción del territorio ancestralmente reclamado, el Estado de Honduras no ha cumplido con titular la totalidad del territorio de la comunidad, lo cual ha impedido que la comunidad use y goce de sus tierras en forma pacífica.
“El presente asunto comparte las características esenciales de una problemática ya conocida y supervisada por esta Corte. El Estado de Honduras no ha tomado medidas para garantizar los derechos territoriales de la comunidad.
Asimismo, durante este tiempo el Estado amplió el casco urbano de la municipalidad de Tela y otorgó títulos de propiedad a no indígenas en parte del territorio reivindicado”, expresó el coordinador de casos CIDH, Jorge Mesa.
El testigo propuesto por el Estado de Honduras, Carlos Alberto Galeas, ingeniero civil de profesión explicó que gracias a una comisión interinstitucional se apersonaron al área y procedieron a “colocar las colindancias ancestrales que el respetable pueblo garífuna brindó en la contestación que dio a la Corte Interamericana”.
Sin embargo, según las presuntas víctimas, la cantidad de hectáreas difiere enormemente del tamaño de su territorio ancestral. Ya que las colindancias sumaron un total 629 hectáreas, lo que difiere en 1.140 hectáreas de la petición total del pueblo garífuna que fue de 1.770 hectáreas.
La demanda también expresa que en un escenario de falta de seguridad jurídica respecto de sus territorios ancestrales, se detalla que se han dado títulos a terceros ajenos a la comunidad, el otorgamiento y funcionamiento de proyectos hoteleros, la ampliación del casco urbano de la Municipalidad de Tela, y la creación de un Parque Nacional en el territorio reivindicado por la comunidad.
Por estos motivos, la demanda indica que se violaron los derechos de la comunidad a la propiedad colectiva, al acceso a la información y a participar en los asuntos susceptibles de afectarles.
Según la Comisión Interamericana faltó una consulta previa respecto al otorgamiento de proyectos turísticos en parte de las tierras y territorios reivindicados por la comunidad, así como la inexistencia de un marco legal que permita la materialización de dicha consulta.
La audiencia, que se lleva a cabo de manera virtual, finalizará este miércoles con los alegatos orales finales de las partes. EFE
