Un poco más de 870 pies tablares de madera cortados ilegalmente del Parque Nacional Punta Izopo decomisaron ayer elementos de seguridad y conservación forestal.
Este refugio de vida silvestre, declarado Humedal de Interés Internacional número 812 por la Convención Ramsar en 1996, constituye una verdadera defensa costera natural, pero la destrucción de la cual ha sido objeto en los últimos años ya se siente en las comunidades aledañas.
“Estas eran tierras ancestrales en las cuales la gente de la comunidad cultivaba aquí, pero respetaban las zonas de amortiguamiento, y hoy ya no sucede eso”, dijo un líder patronal garífuna, quien acompañó a LA PRENSA, técnicos de Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), la alcaldía de Tela y de otras iniciativas, a recorrer varias áreas destruidas por la tala ilegal y siembra de cultivos en la zona de amortiguamiento del parque nacional.
“Pocos abordan este tema, pero para darle vida nuevamente hay que hacerlo, porque antes donde estamos parados veíamos monos, garrobos, tepezcohuites.
Ahora, de tantos escombros, la fauna ha buscado otros senderos”, agregó el líder comunitario.
Durante el recorrido, llevado a cabo hace dos días, se constató que la deforestación y la posesión ilegal de tierras en la zona de amortiguamiento de Punta Izopo se ha adentrado, al punto que los perpetradores han hecho aserraderos improvisados donde secan la madera extraída.
Esta área protegida, localizada entre Tela, Arizona y Esparta, en Atlántida, forma un humedal de gran importancia debido a su biodiversidad y numerosas poblaciones amenazadas o endémicas sustentadas.
El sitio ofrece importantes áreas de reproducción y alimentación para aves y peces.
“¡Qué exagerado lo que han hecho aquí!”, dijo uno de los guardabosques durante la visita. Según estiman, la destrucción de Punta Izopo se ha encrudecido en cuestión de año y medio, y aunque se hagan las denuncias con pruebas suficientes, las autoridades siguen sin establecer vigilancia permanente en el parque nacional.
A contrarreloj
Los técnicos de Prolansate documentan los daños en las zonas protegidas, pero el desinterés por investigar de parte de las autoridades hace que las acciones legales contra los responsables nunca ocurran y que el problema empeore.
En tanto no hay mucho por hacer a nivel de procesos judiciales, los guardabosques coinciden en cuán importante es lograr un esfuerzo conjunto entre las comunidades y el Estado para trabajar en la conservación y estrategias de prevención.
Un gran paso significaría reconstrucción del centro de visitantes de Punta Izopo, que pese a ocupar un renglón del presupuesto del Instituto de Conservación Forestal (ICF), tiene años de estar abandonado, al grado que a la fecha solo sigue en pie la estructura de madera.
Esta simple iniciativa resultaría crucial para recuperar el estatus del parque nacional como atractivo turístico de aventuras, puesto que en la actualidad no hay ni logística o prestación de servicios para llevar visitantes.
“De haber seguido funcionando, habríamos disfrutado mucho más hoy. Nuestra idea es ofrecer tours a cargo de hijos de la comunidades y especialistas de Prolansate”, refirió el dirigente patronal garífuna que acompañó al equipo periodístico de Diario LA PRENSA a Punta Izopo.
Para las comunidades garífunas, la actividad turística, en especial durante Semana Santa, constituye otro medio de subsistencia. La promoción y oferta de servicios se hacía de forma mancomunada con la Municipalidad, pero en los últimos años, las mismas comunidades decidieron hacerlo por cuenta propia y pedir una colaboración de entre L150 por vehículo que los visita.
Las tensiones entre las comunidades garífunas y la Municipalidad de Tela se agudizaron a raíz de que en octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó dos sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras en los casos “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros”, y Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros”.
En la sentencia del Triunfo de la Cruz, el tribunal interamericano comprobó seis hechos violatorios a los derechos del pueblo garífuna: primero, la ampliación por parte de la Municipalidad de Tela del radio urbano del municipio en 1989 que abarcaba parte del territorio garífuna; segundo, la venta por parte del Instituto Nacional Agrario (INA) de aproximadamente 44 hectáreas de tierras garífunas a favor de terceros, entre 1993 y 1995.
También, el traspaso en 1997 por parte de la Municipalidad a su sindicato, de 22.81 manzanas de territorio garífuna; la creación del Parque Nacional Punta Izopo en parte del territorio tradicional garífuna; el desarrollo de dos proyectos turísticos en territorio garífuna; y e asesinato de los garífunas Jesús Álvarez, Óscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales.
Los líderes de la zona esperan que sean las nuevas autoridades de Gobierno quienes aceleren los acercamientos para dar cumplimiento a tal sentencia la cual, más allá de cualquier tipo de compensación, marca un precedente en pro de la conservación de sus territorios.
Analistas han coincidido que la misma falta de voluntad política por resolver los conflictos ha propiciado a que siga y avance la destrucción de Punta Izopo, que entre 2011 y 2017 perdió más del 8% de su cubierta forestal.
Aunque el daño ambiental no deja de crecer, aún hay manera de revertirlo, pero las organizaciones urgen prontas acciones.
