Tegucigalpa, Honduras.
Ante la polémica y el amplio rechazo público que desató el fallo de la Sala Constitucional que condenó al Estado de Honduras a pagar 126 millones de lempiras a una empresa farmacéutica, en el Congreso Nacional cobró fuerza la posibilidad de abrir un juicio político contra los magistrados que avalaron esa controversial determinación.
Fuentes del Poder Legislativo informaron a LA PRENSA que diputados del Partido Liberal, Libre, Partido Anticorrupción y un par de legisladores del Partido Nacional comunicaron a la junta directiva que estudiaban introducir esta semana una iniciativa solicitando el juicio político contra los altos jueces que ratificaron el irregular fallo a favor de Pharmasula S.A de C.V.
La sentencia fue emitida por los magistrados Silvia Trinidad Santos, presidenta de la Sala Constitucional; José Elmer Lizardo, Reina Sagrario Solórzano, magistrada sustituta temporal, José Tomás Arita y Jorge Rivera Avilés, estos tres últimos incorporados ante la ausencia de los magistrados propietarios Lidia Estela Cardona, German Vicente García y Víctor Manuel Lozano, según consta en la cédula de notificación.
Dicha resolución ha generado suspicacias y el rechazo generalizado de la población y de sectores políticos en vista del grave perjuicio que representa para las finanzas públicas el pago de esos 126 millones de lempiras.
Movimiento
José Tomás Zambrano, diputado nacionalista y presidente de la comisión legislativa de Seguridad, confirmó el fin de semana a LA PRENSA que un grupo de parlamentarios de la oposición y de su partido han planteado abrir una investigación y un juicio político contra los magistrados antes mencionados.
“Entre pasillos en el Congreso, el día jueves que tuvimos la sesión algunos compañeros de otras bancadas partidarias y un par de diputados se acercaron a la junta directiva para decirles que ya tenían lista una moción para que se investigara la conducta de los magistrados y posiblemente otros compañeros querían presentar el juicio político”, reveló.
Zambrano no precisó los nombres de los diputados que formularán la propuesta y solo se limitó a decir que se trata de algunos colegas de Libre, PAC y de otras bancadas de oposición, aunque también un par de parlamentarios nacionalistas están dispuestos a respaldar la iniciativa.
Aceptó que prima un malestar generalizado en el Congreso por la resolución adoptada en la Sala Constitucional, pero pidió prudencia a las demás fuerzas políticas y dijo que habrá que esperar lo que acontezca en la Cámara en el transcurso de la presente semana.
Por otro lado, el legislador comentó que ha trascendido que a lo interno de la Sala Constitucional tres magistrados propietarios estaban ausentes el día que se emitió el fallo a favor de Pharmasula y que además existía un acuerdo previo en el sentido que no iban emitir ninguna resolución sobre la demanda en mención en tanto no estuvieran presentes todos los magistrados propietarios, lo cual se incumplió.
“Eso es lo que deja dudas a cualquier sector y ha trascendido en los medios a nivel nacional la manera como se integró y resolvió en ese caso, habría que ver que otras resoluciones se emitieron, recuérdese que en esta sala se conocen los recursos de amparo, de inconstitucionalidad y otros tipo de acciones que se presentan”, dijo.
Expuso que la semana anterior presentó una reforma constitucional al artículo 308 para que en la próxima Corte Suprema que se elija en el 2016 se escojan cinco magistrados suplentes que van salir bajo el mismo mecanismo de selección de los 15 magistrados propietarios establecido por la Junta Nominadora.
Consultado si existe el ambiente para llevar a juicio político a los magistrados, Zambrano dijo que no se puede evitar que cualquiera de los diputados lo solicite formalmente al pleno, pero “será en los próximos que se conocerá si se lleva o no una moción de este tipo”.
Rafael Virgilio Padilla, diputado del Partido Anticorrupción, opinó que un juicio político contra los magistrados sería improcedente e inconstitucional porque lesiona el principio de separación de poderes, pero lo que cabe es que el Ministerio Público emprenda una investigación contra el presidente del Poder Judicial por abuso de autoridad.
Arguyó que es ilegal y va contra la norma constitucional que el magistrado presidente llame a magistrados de cortes a integrar las salas de este poder del Estado, porque solo el Congreso Nacional tiene potestad de designarlos. “Es una verdadera aberración que el Congreso no nombre a los suplentes o integrantes, porque ellos no representan a la verdadera Corte Suprema”, estimó.
El diputado liberal, Yuri Sabas, indicó que la Corte resolvió sobre este asunto en el marco de sus atribuciones, pero no es recomendable que por cada fallo que emita se amenace a sus magistrados con un juicio político.
