Durante la presentación del informe “Blindaje de la Verdad Histórica”, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) denunciaron una serie de acciones coordinadas que, según afirmaron, buscaron obstaculizar el proceso electoral general de 2025 y poner en riesgo la democracia en Honduras.
La consejera Ana Paola Hall aseguró que existió una “red de actores e instituciones” que intentó socavar el proceso electoral, mediante presiones indebidas provenientes de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otros sectores del Estado.
Entre los hechos más graves, Hall reveló que el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto solicitó acceso a las actas presidenciales para realizar un conteo paralelo, petición que fue rechazada por el órgano electoral.
La consejera también denunció una persecución sistemática contra las autoridades electorales, que incluyó citaciones constantes, requerimientos fiscales sin fundamento legal e incluso la preparación de órdenes de captura en su contra, situación que las obligó a resguardarse para garantizar la continuidad del proceso.
Según Hall, estas acciones violentaron la prerrogativa constitucional del juicio político y representaron un intento de intimidación institucional contra las consejeras del CNE.
En cuanto al desarrollo del escrutinio, señaló que el órgano electoral documentó múltiples irregularidades, entre ellas bloqueos para impedir el conteo, negativa de miembros de juntas a participar, retrasos deliberados y anulación ilegal de actas.
Hall afirmó que el CNE cuenta con la trazabilidad completa de los responsables, incluyendo nombres y afiliaciones políticas, información que será remitida a las autoridades correspondientes para que se deduzcan responsabilidades.
La consejera fue enfática al asegurar que “en Honduras no hubo fraude electoral”, respaldándose en informes de observación internacional, y sostuvo que las narrativas de fraude buscaron impedir la declaratoria de resultados y la alternancia en el poder.
Por su parte, la consejera Cossette López describió el proceso electoral como un “cataclismo institucional”, marcado por el miedo, la incertidumbre y el hostigamiento contra las autoridades electorales y sus familias.
López aseguró que el país vivió un momento de crisis comparable a un desastre nacional, en el que la población estuvo unida por el temor ante un posible quiebre democrático.
También denunció campañas de desinformación y un intento de reescribir la historia de lo ocurrido en 2025, con el objetivo de instalar la narrativa de fraude.
Señaló que sectores políticos intentaron sabotear el proceso desde adentro, mediante la manipulación de actas y la paralización deliberada del conteo cuando los resultados no les favorecían.
Además, López afirmó que hubo un intento de perpetuarse en el poder mediante acciones coordinadas que incluyeron boicot administrativo, presión institucional y generación de caos, lo que calificó como un “proyecto totalitario”.
En ese sentido, insistió en que la democracia solo puede sostenerse con el cumplimiento de la ley y el combate frontal a la impunidad.
Ambas consejeras coincidieron en que el informe presentado, que supera las 2,000 páginas, documenta de manera detallada cada una de las irregularidades registradas durante el proceso electoral y será entregado al Ministerio Público.
En su último día como consejeras del órgano electoral, Hall y López hicieron un llamado a la población a defender la democracia y a no permitir que se distorsione la verdad sobre lo ocurrido en las elecciones generales de 2025.
