Tegucigalpa. Unos sectores lo ven como un gran avance; pero por otro lado, sectores temen que la propuesta de ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) debilite la democracia, el derecho a la libertad de expresión y se aumenten los niveles de impunidad y corrupción.
Para saber
Las bancadas del Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras proponen la creación de otra propuesta como alternativa al oficialismo.
El miércoles 17 de agosto, el oficialismo apareció en el pleno legislativo con un proyecto de una nueva Ley de Defensa y Seguridad Nacional que quería que se aprobara sin análisis previo y con la dispensa de dos debates; pero la oposición, constituida esta vez por las bancadas del PSH, Nacional y Liberal exigieron su discusión y aprobación en tres debates.
Los integrantes del partido en el poder vieron esta posición como una afrenta y de inmediato Carlos Zelaya, secretario de la junta directiva del Congreso Nacional, dijo que la presidenta Xiomara Castro tendría que convocar a reunión del CNDS con la ley actual. Y así lo hizo la mandataria mediante un Twitter; la cita estaba para ayer por la tarde, pero se reprogramó por la ausencia de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, así como el fiscal general.
Reconocidos profesionales del derecho como Reina Rivera Joya y Raúl Pineda Alvarado sostienen que el nuevo proyecto de ley tiene aspectos positivos, pero también muchos errores y se refiere a atribuciones y disposiciones que ya están contenidas en otras leyes, además que dar potestad al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de clasificar información es volver a la Ley de Secretos.
Análisis
De acuerdo con Rivera, para entender el tema de seguridad nacional y la propuesta de ley se debe revisar todo el contexto, así como la norma vigente y su relación con otras leyes como la Ley de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), la Ley de Escuchas Telefónicas, la Ley de la Tasa de Seguridad y la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (Ley de Secretos).
De las cosas positivas que tiene la nueva iniciativa mencionó la eliminación de la representación de los titulares de los poderes Judicial y Legislativo y de la Fiscalía General.
También se le quita a la DNII toda una serie de prerrogativas y se traspasan a un secretario ejecutivo con presupuesto, pero sin independencia funcional y administrativa; un órgano de coordinación sin mayores poderes, explicó Rivera.
Considera sin sentido el artículo 5 del anteproyecto porque no se pueden definir las amenazas a la defensa y seguridad nacional, ya que estas ahora son multidimensionales y cada día salen más; por otro lado, las amenazas que ponen en riesgo al Estado ya están en el Código Penal.
Sobre la potestad que se le quiere dar en el artículo 9, numeral 8, al nuevo CNDS de clasificar y desclasificar información bajo el argumento de seguridad nacional, explicó que eso es una amenaza al derecho que tiene la ciudadanía a la información y que en todo caso ya la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública regula eso.
La propuesta de la nueva Ley del CNDS técnicamente está muy mal elaborada porque establece atribuciones y disposiciones que ya están en las otras leyes, “y tienen un núcleo duro orientado a que la persona que encarne el Ejecutivo pueda nombrar a cualquiera de director de policía y a cualquiera de director de inteligencia sin ningún tipo de controles”, advirtió el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado.
Para este reconocido profesional del derecho, el poder debe ser controlado y “se controla a través de los requisitos para la selección de determinado funcionario; en el caso de la Policía el grado de comisionado general, con un grado universitario en materia policial, pero al derogarse el artículo 45 de la Ley de la Secretaría de Seguridad simple y sencillamente ya no hay requisitos y se puede nombrar a cualquiera”.
Sobre darle al CNDS poder para clasificar información, Pineda es del criterio que todo Estado tiene que tener información secreta o reservada, lamentablemente el problema es la amplitud que le dan a la capacidad del Gobierno para declarar en secretividad cosas que no tienen nada que ver con defensa y seguridad. “Con esta ley lo que se está haciendo es prácticamente volver a lo que se tenía con la Ley de Secretos, pero en una medida más disimulada”.
