La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) reclamó este viernes públicamente a Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, por la aprobación y publicación de la nueva normativa de ordenamiento territorial y urbanismo, la cual afirman que fue adoptada sin consenso, sin acompañamiento técnico y sin considerar la realidad urbana de la capital.
El reclamo fue formalizado mediante un comunicado institucional dirigido directamente al jefe edilicio y firmado por Gustavo Boquín, presidente de la Chico, en el que la organización expresa su “reclamo institucional formal, directo y enfático” por la forma en que se condujo el proceso.
De acuerdo con la Cámara, la normativa fue aprobada sin el respaldo de la industria de la construcción ni de los gremios especializados, pese a que el sector dejó constancia escrita y reiterada de su no acompañamiento y solicitó un plazo razonable para una revisión técnica y jurídica integral.
“Durante el proceso se nos aseguró que el análisis se realizaría de forma conjunta, que se construirían acuerdos y que las observaciones técnicas presentadas serían consideradas. Nada de eso ocurrió”, señala el comunicado.
Boquín sostuvo en el comunicado que las propuestas de la Chico, fundamentadas en criterios técnicos, experiencia operativa y conocimiento del territorio, fueron ignoradas, derivando en una aprobación que califican como acelerada y carente de sustento técnico y científico suficiente.
En el documento, la Cámara cuestiona duramente la decisión municipal y afirma que la normativa fue aprobada “a mata caballo”, más orientada, según el gremio, a cumplir objetivos políticos coyunturales que a garantizar un instrumento serio y aplicable para la ciudad.
“El texto carecía de claridad técnica, coherencia operativa y seguridad jurídica. Aun así, se avanzó de manera unilateral”, advierte la organización.
La Chico considera que la normativa aprobada generará mayor discrecionalidad administrativa, paralización de proyectos, incremento de conflictos legales, desincentivo a la inversión y una afectación directa a la generación de empleo formal en el Distrito Central.
“Esto no es una opinión política; es una conclusión técnica basada en experiencia real de ejecución, permisos, costos y tiempos de desarrollo urbano”, subraya el comunicado.
Pese a su rechazo al proceso, la Cámara aclara que no se opone al ordenamiento territorial ni a una visión de ciudad de largo plazo, sino a lo que define como la imposición de normas “débiles, mal estructuradas y desconectadas de la realidad”.
En ese sentido, la Chico dejó constancia de que no asume responsabilidad alguna por los efectos negativos que se deriven de la aplicación de la normativa y advirtió que se reserva el derecho de ejercer acciones administrativas, institucionales y legales en defensa del sector y del desarrollo urbano.
“Aún está a tiempo de corregir el rumbo. Gobernar también implica rectificar cuando las decisiones no se sostienen técnica ni institucionalmente”, concluye el pronunciamiento.
Es necesario resaltar que, el alcalde Jorge Aldana no se ha pronunciado sobre el reclamo del sector construcción, a 11 días del cambio de gobierno municipal, previsto para el próximo 27 de enero.
