La nueva Casa Presidencial construida a un costado del Centro Cívico Gubernamental (CCG), uno de los proyectos de infraestructura estatal más costosos de los últimos años, sigue inconclusa pese a millonarias inversiones.
Ahora el Gobierno analiza darle un nuevo uso: remodelarla para trasladar allí instituciones públicas que actualmente funcionan en oficinas alquiladas fuera del complejo gubernamental.
La Unidad de Investigación de LA PRENSA conoció que, a inicios de febrero de 2026, autoridades de la concesionaria que administra el CCG se reunieron con una comisión encabezada por Emilio Hércules, ministro de Finanzas, quien expresó la intención de finalizar el proyecto y aprovechar el edificio para reducir el gasto estatal en alquileres.
El Cuerpo Bajo D, como se identifica en los planos constructivos, es un edificio de siete niveles que colinda con la actual Casa de Gobierno José Cecilio del Valle. La construcción inició en 2018, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.
En un principio se estipuló que el moderno complejo estaría concluido en un año, es decir, debía entregarse en junio de 2019. Sin embargo, han transcurrido casi ocho años y la edificación se ha convertido en un enorme elefante blanco: permanece inconclusa y sin uso.
La construcción está a cargo de la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH), que además lidera la concesión para la operación y mantenimiento del CCG hasta 2046.
Al inicio, la obra estaba valorada en casi 14 millones de dólares (más de 340 millones de lempiras) y contemplaba un área de construcción de 8,057 metros cuadrados. No obstante, con el paso de los años el presupuesto y el metraje han ido en aumento.
Fuentes de LA PRENSA relacionadas con el proyecto detallaron que originalmente la obra contemplaba seis niveles y dos plantas bajas para funcionar como Casa Presidencial. Para ello se desarrolló un diseño especial en coordinación con autoridades del Poder Ejecutivo de ese entonces.
El interior del complejo incluía el despacho presidencial, un salón para el Consejo de Ministros, oficinas administrativas, vestíbulos, sala de prensa, un helipuerto en la torre uno del CCG y rutas de ingreso y evacuación exclusivas.
El problema surgió porque desde el Gobierno no se completó el pago de los casi 14 millones de dólares. Según la fuente, únicamente se construyó la estructura (obras grises, instalaciones eléctricas y de fontanería, además de algunos acabados), quedando pendiente la fachada inspirada en el cero maya, que hasta la fecha no se ha ejecutado.
El proyecto quedó paralizado debido a que, de los casi 14 millones de dólares, a la empresa desarrolladora solo se le desembolsaron alrededor de 11 millones, lo que provocó la suspensión de los trabajos. Mientras tanto, el presupuesto y el tamaño del edificio continuaron incrementándose.
Addendas
Documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA establecen que durante siete años se han firmado al menos seis addendas para modificar el edificio según las necesidades planteadas por las autoridades.
El 25 de enero de 2019 se firmó la addenda número dos, por un valor de 3.2 millones de dólares, lo que elevó el contrato a más de 17.2 millones, con un plazo de construcción de un año.
Este ajuste contemplaba agregar un piso (pasando de seis a siete niveles) con una superficie adicional de 966 metros cuadrados, además de adecuaciones nocturnas del helipuerto, refuerzos estructurales en muros, instalación de cristalería blindada, construcción de torreones y adecuaciones solicitadas por la Guardia de Honor Presidencial.
La fuente explicó que el Inversionista Operador Privado (IOP), en este caso el Grupo Ingeniería, Arquitectura y Asociados (GIA) (constituido en Honduras como DOIH), trabajó en las addendas y solicitudes de las autoridades. Sin embargo, al no reportarse nuevos desembolsos, las labores se detuvieron.
Otra addenda relevante fue la número cinco, aprobada el 24 de septiembre de 2021, a pocos días de concluir la administración de Juan Orlando Hernández. Este agregado establecía un plazo de 260 días para finalizar el edificio el 11 de junio de 2022.
El valor de esta inversión era de 3.1 millones de dólares, lo que elevaba el contrato a 20.3 millones, aunque tampoco se realizaron los desembolsos correspondientes.
El área de construcción aumentó a 10,000 metros cuadrados, contemplando la adición de un nivel de cocina, revestimientos de muros en granito y mármol, pisos de madera en los niveles superiores y la adecuación de una sala de usos múltiples.
Sin avances
A pesar de las addendas aprobadas, no se registraron avances sustanciales en la obra. Datos del IOP indican que a febrero de 2026 la construcción apenas alcanzaba un 65 % de avance estructural, principalmente por falta de financiamiento.
Informes de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) identifican como uno de los problemas el bajo rendimiento constructivo, ya que desde 2019 las actividades del Cuerpo Bajo D presentaban retrasos frente al cronograma previsto.
Entre 2024 y 2025 también se reportó el vencimiento de varios hitos de avance contemplados en el programa de construcción correspondiente al addendum número seis del contrato de APP.
Este agregado se refiere a solicitudes realizadas por la administración del partido Libertad y Refundación (Libre) a inicios de 2024 para modificar el diseño del edificio, según conoció LA PRENSA de fuentes vinculadas al proyecto.
La fuente explicó que desde el Gobierno se planteó mejorar las condiciones de seguridad y modificar diseños interiores en algunos pisos.
Ante estas solicitudes, la Secretaría de Finanzas aprobó un presupuesto adicional de 1.09 millones de dólares (más de 28 millones de lempiras) con un plazo de remodelación de 270 días a partir del 13 de marzo de 2024. Sin embargo, esos recursos tampoco fueron desembolsados.
Ahora serán oficinas
Datos de DOIH indican que el presupuesto del proyecto pasó de casi 14 millones de dólares en 2018 a más de 21.3 millones en 2024, es decir, más de 550 millones de lempiras al tipo de cambio actual.
No obstante, hasta inicios de 2026 solo se habían acreditado alrededor de 11 millones de dólares, por lo que aún restan entre 9 y 10 millones para completar la obra.
Durante una visita realizada a inicios de febrero por funcionarios de la actual administración de Nasry Asfura, presidente de Honduras, se ordenó evaluar la optimización de los espacios para que el edificio pueda albergar instituciones públicas que actualmente pagan alquiler fuera del Centro Cívico Gubernamental.
La fuente explicó que el inmueble puede adaptarse a diferentes usos, ya que los niveles superiores están prácticamente terminados y los inferiores se encuentran en fase final de construcción.
Estimaciones de DOIH indican que el edificio podría acondicionarse para oficinas en un plazo no mayor a 20 meses, habilitando espacios para alrededor de 1,000 empleados públicos.
Emilio Hércules, ministro de Finanzas, aseguró a LA PRENSA que, una vez finalizado, el edificio será utilizado para trasladar instituciones que actualmente pagan alquiler en otros inmuebles.
Hércules confirmó que el proyecto se terminará durante la administración del presidente Nasry Asfura, aunque no funcionará como Casa de Gobierno, ya que el Ejecutivo mantendrá su sede en el actual edificio presidencial.
Una vez finalizada la construcción, el Gobierno deberá negociar la incorporación del Cuerpo Bajo D al esquema de operación y mantenimiento dentro de la concesión del Centro Cívico Gubernamental.
