18/08/2022
08:24 PM

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Campesinos, a juzgados por usurpación de fincas

Los tribunales de Tocoa y Trujillo han emitido órdenes de captura y citas contra varias personas que tienen invadidas plantaciones de palma.

TOCOA

El juzgado de Letras de esta ciudad citó a 17 campesinos para que respondan por el delito de usurpación agravada en perjuicio de la Exportadora del Atlántico, según expediente 80-2022.

Los acusados, que pertenecen a la empresa campesina Los Laureles, deberán presentarse el lunes 6 de junio a la audiencia de declaración de imputado a dichos tribunales.

“Tenemos miedo de que nos manden a la cárcel si nos presentamos al juzgado”, expresó uno de los campesinos, quien omitió su nombre por seguridad.

En caso de que no se presenten, serán declarados en rebeldía y podría emitirse una orden de captura.Paralelo a estos 17 requerimientos fiscales en contra de estas personas, había siete órdenes de captura más emanadas por los juzgados de Letras de Trujillo, según el expediente 174-2021.

Sépalo

Las pérdidas de las empresas afectadas por las invasiones de fincas ascienden a 1,300 millones de lempiras.

Los acusados, quienes residen en la comunidad de Chapagua y enfrentan el delito de usurpación de tierras en contra de la Asociación de Productores de Palma Africana del Valle del Aguán (Aprova), se presentaron este mes voluntariamente ante la justicia y el juez les dictó auto de formal procesamiento.

Según el expediente 133-2021 de ese juzgado, hay cuatro campesinos más acusados de los delitos de usurpación y hurto de cosechas contra la Cooperativa Salamá.

En la actualidad, supuestos campesinos mantienen invadidas unas 23 fincas y están cosechando la fruta de unas 14,507 hectáreas ubicadas en el margen izquierdo del Bajo Aguán.Estas fincas son propiedad de las empresas Agropalma, Corporación Dinant, Aceydesa, Salamá, Aprova, Óscar Nájera y Peter Grau.

A inicios de febrero se firmó un convenio con las cooperativas aglutinadas a la Plataforma Agraria, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán y los inversionistas del sector en Colón con el fin de poner fin a la disputa de tierras.

Se conformó una comisión jurídica, integrada por 12 juristas nacionales e internacionales, que harán una exhaustiva investigación sobre la tenencia de la tierra, ya que los campesinos y los inversionistas aseguran tener los títulos legítimos de propiedad.