Tegucigalpa, Honduras.
El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional blindaron en el nuevo Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del ejercicio fiscal 2016 el pago de las seis lanchas y dos corbetas adquiridas por el Estado de Honduras en 2012 a una empresa holandesa en un proceso que estuvo rodeado de múltiples anomalías.
Como parte de las disposiciones generales del nuevo Presupuesto se estableció que el dinero destinado para el pago de estas naves, adquiridas por la Secretaría de Defensa Nacional bajo la modalidad de alquiler con opción a compra, no podrá ser destinado para otros fines distintos al establecido.
Con esto, la Secretaría de Defensa garantizó a los arrendadores el pago en tiempo y forma del alquiler de las cuestionadas unidades navales.
El artículo 199 de la Ley del Presupuesto de 2016 establece literalmente: “La asignación presupuestaria aprobada en el presupuesto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa específicamente en el programa 13 Fuerza Naval para el arrendamiento con opción a compra de seis (6) lanchas interceptoras y dos (2) lanchas patrulleras, no podrá transferirse ni utilizarse para otro fin distinto al pago del compromiso derivado del contrato firmado.”
Las seis lanchas Damen Interceptors DI-1102 y dos corbetas Damen Stan Patrol Spa 4207, fueron adquiridas en 2013 por un valor de 61.4 millones de dólares, alrededor de 1,228 millones de lempiras.
Polémica compra
El contrato de arrendamiento fue firmado el 25 de agosto de 2012 por el ministro de Defensa, Marlon Pascua, y el ciudadano holandés y cónsul honorario Florentius Antonius Hubertus Kluck, en su condición de presidente del consejo de administración de la sociedad Servicios Marítimos Internacionales S.A de C.V, que actuaba como representante de la compaña B.V Scheepswerf Damen Gorinchem de Holanda.
En aquel momento se cuestionó que las patrulleras fueron sobrevaloradas y en su adquisición se obvió la Ley de Contratación del Estado.
Según el contrato, las Fuerzas Armadas pagarán a Servicios Marítimos Internacionales 49.8 millones de dólares, más intereses del 3.9% de forma anual y pactados por el “arrendador” con el Rabobank Nederland, que hacen un valor final de 61,436,555 dólares, provenientes de fondos nacionales.
El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional blindaron en el nuevo Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del ejercicio fiscal 2016 el pago de las seis lanchas y dos corbetas adquiridas por el Estado de Honduras en 2012 a una empresa holandesa en un proceso que estuvo rodeado de múltiples anomalías.
Como parte de las disposiciones generales del nuevo Presupuesto se estableció que el dinero destinado para el pago de estas naves, adquiridas por la Secretaría de Defensa Nacional bajo la modalidad de alquiler con opción a compra, no podrá ser destinado para otros fines distintos al establecido.
Con esto, la Secretaría de Defensa garantizó a los arrendadores el pago en tiempo y forma del alquiler de las cuestionadas unidades navales.
El artículo 199 de la Ley del Presupuesto de 2016 establece literalmente: “La asignación presupuestaria aprobada en el presupuesto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa específicamente en el programa 13 Fuerza Naval para el arrendamiento con opción a compra de seis (6) lanchas interceptoras y dos (2) lanchas patrulleras, no podrá transferirse ni utilizarse para otro fin distinto al pago del compromiso derivado del contrato firmado.”
Las seis lanchas Damen Interceptors DI-1102 y dos corbetas Damen Stan Patrol Spa 4207, fueron adquiridas en 2013 por un valor de 61.4 millones de dólares, alrededor de 1,228 millones de lempiras.
Polémica compra
El contrato de arrendamiento fue firmado el 25 de agosto de 2012 por el ministro de Defensa, Marlon Pascua, y el ciudadano holandés y cónsul honorario Florentius Antonius Hubertus Kluck, en su condición de presidente del consejo de administración de la sociedad Servicios Marítimos Internacionales S.A de C.V, que actuaba como representante de la compaña B.V Scheepswerf Damen Gorinchem de Holanda.
En aquel momento se cuestionó que las patrulleras fueron sobrevaloradas y en su adquisición se obvió la Ley de Contratación del Estado.
Según el contrato, las Fuerzas Armadas pagarán a Servicios Marítimos Internacionales 49.8 millones de dólares, más intereses del 3.9% de forma anual y pactados por el “arrendador” con el Rabobank Nederland, que hacen un valor final de 61,436,555 dólares, provenientes de fondos nacionales.
