La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió un comunicado en el que explicó que el aseguramiento se hizo porque el dinero sustraído de la SAG sirvió para comprar los bienes objeto de medidas, los usaron para desviarlo o se mezcló con otros bienes de origen lícito.
En otros casos se aplicó la figura de bienes equivalentes para cubrir el valor sustraído porque no hay forma de detectar en qué se invirtió.
| Bienes asegurados
Al menos 46 propiedades, seis vehículos, nueve sociedades mercantiles y tres cuentas bancarias.
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La OEA y el Gobierno hondureño crearon la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) como asesor del Ministerio Público.
El aseguramiento solo es la prohibición para celebrar actos sobre las propiedades, o sea, venderlos, regalarlos o hipotecarlos. La incautación es cuando la Fiscalía toma posesión de ellos.
En ese caso, la Oficina Administradora de Bienes Incautados se limitará a recibir los documentos -escrituras o certificados bancarios- que fueron asegurados.
Esta medida precautoria sobre estos bienes se hace en un juicio distinto al penal que se entabló contra los procesados por el latrocinio. No hay sentencia de cárcel, nada más se resuelve si se emite comiso -pasan a favor del Estado- o se devuelve a sus dueños.
La Ufecic acusó a 38 personas por varios delitos, en su mayoría por lavado de activos, por supuestamente participar en la malversación por medio de dos fundaciones.
Solamente cuatro de los acusados guardan prisión y otros 24 se defienden en libertad. Tres fueron sobreseídos y siete están prófugos.
A la mayoría de los que estaban acusados por lavado de activos se les modificó a complicidad.
La Maccih indicó que muchos de los bienes asegurados fueron comprados directamente con dinero proveniente de la Secretaría de Agricultura, utilizados como medio o instrumento para desviar dichos caudales públicos o mezclados con otros bienes de origen lícito.
Ante la imposibilidad de recuperar el dinero sustraído, se solicitó que se aseguraran bienes de origen lícito por el valor equivalente a lo defraudado para cubrir el monto de lo sustraído de las arcas estatales.
