Una comisión interinstitucional se conformó ayer para vigilar el cumplimiento del plan de cierre de la minera Entremares, ubicada en el valle de Siria.
Atendiendo una petición de los pobladores del municipio de San Ignacio, Francisco Morazán, se efectuó una reunión en el Ministerio Público entre representantes de distintos sectores para discutir los alcances del cierre de la minera.
Para el proceso de retiro de Entremares del país, hace dos años se redactó un plan de cierre que es objetado por los pobladores.
Para el caso, cuestionan que no aborda cómo tratar los daños a la salud, el drenaje ácido de las aguas, la contabilidad de la empresa y la reforestación con árboles frutales.
'El plan de cierre necesita ser revisado y autorizado por el Estado hondureño a través de sus instituciones y debe incluir todos los medios y mecanismos que tiene que implementar la empresa para poder retirarse del país', expresó Aldo Santos, fiscal del Ambiente.
Ante tal situación, se conformó ayer una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio Público, Serna, Secretaría de Salud, Procuraduría del Ambiente, Procuraduría General, Comité Ambientalista del Valle de Siria y organizaciones ambientalistas.
Se planea que los representantes de esta comisión se desplazarán la próxima semana al valle de Siria con el fin de constatar las observaciones desde el punto de vista técnico, social y económico para que sean agregadas al plan de cierre y se vigilará su cumplimiento con monitoreo permanente, señaló el fiscal.
Habitantes del valle de Siria han denunciado graves daños a la ganadería y al medio ambiente.
